La industria restaurantera zacatecana se tambalea al borde del precipicio. Cuatro años de pérdidas incesantes, con una caída promedio del 21% en las ventas, pintan un panorama desolador para un sector crucial en la economía local. Los empresarios, con la voz ronca de la desesperación, señalan directamente a la administración de David Monreal como el principal obstáculo para su recuperación. La respuesta del gobernador, un eco fantasmal de un pasado político reciente, se limita a negar la realidad con la frase ya conocida: “tengo otros datos”. Incluso se atreve a sugerir que los restaurantes “mejoren sus servicios”, una afrenta que añade sal a la herida abierta de un sector que lucha por sobrevivir.

Mientras los comensales escasean en los establecimientos zacatecanos, Monreal se aferra a una narrativa triunfalista, pregonando aumentos en la recaudación estatal. Sin embargo, este discurso edulcorado omite la cruda realidad del sector turístico, prácticamente en ruinas. La prioridad del gobierno, lejos de atender la crisis que ahoga a los empresarios, se centra en un proyecto faraónico y polémico: un viaducto elevado sobre el bulevar López Mateos. Más de 3,600 millones de pesos destinados a una obra cuestionada por expertos de la UNESCO, rechazada por la ciudadanía e incluso suspendida por jueces. Un capricho arquitectónico que amenaza la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Zacatecas, hipotecando su futuro por un presente de cemento y vanidad.

El descontento se extiende como una mancha de aceite. Fuentes locales, desde empresarios hasta líderes de los sectores afectados, confirman la gestación de una rebelión silenciosa, una ruptura con un gobierno sordo a las necesidades de su pueblo. La presión contra la construcción del viaducto es solo la punta del iceberg, el primer síntoma de una profunda fractura entre la ciudadanía y la administración Monreal.

La crisis no se limita al ámbito económico. La inseguridad, un monstruo que se alimenta de la impunidad, asfixia a Zacatecas. Fresnillo, tierra natal de la familia Monreal, se mantiene en la vergonzosa lista de los municipios más peligrosos del mundo. Un recordatorio constante del fracaso de las políticas de seguridad y de la indolencia de un gobierno que parece vivir en una realidad paralela.

David Monreal se niega a ver el panorama completo: una economía al borde del colapso, una inseguridad desbordada y una población que ha perdido la fe en sus gobernantes. Zacatecas no necesita más cemento, necesita un liderazgo que priorice el orden, la seguridad y el respeto. Un liderazgo que escuche las voces de su pueblo, que atienda sus necesidades y que construya un futuro basado en la realidad, no en la propaganda. La obsesión por las obras faraónicas e inútiles, los caprichos personales por encima del bienestar colectivo, son el reflejo de una administración desconectada de la realidad y condenada al fracaso.

Y mientras Zacatecas se hunde, en Hidalgo, el escándalo salpica a Morena. La diputada local Alhely Medina, acorralada por la presión ciudadana y las acusaciones de complicidad en un caso de abuso sexual infantil, ha solicitado una licencia de 30 días. El presunto agresor, su cuñado y exproveedor del gobierno estatal, ha desatado una tormenta política que amenaza con arrastrar a la legisladora.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo investiga las acusaciones de encubrimiento por parte de la familia política del agresor. A pesar de sus intentos por deslindarse del caso, alegando un supuesto “golpeteo político”, la licencia de Medina coincide sospechosamente con el aumento de la presión pública.

Desde el gobierno estatal, la respuesta ha sido tibia y contradictoria. Mientras el encargado de despacho de la Procuraduría niega cualquier interferencia en el proceso penal, el gobernador Julio Menchaca acusa a los manifestantes que exigen justicia de utilizar el caso para obtener concesiones. Una estrategia de minimización que busca desviar la atención del grave delito y proteger a los implicados.

La narrativa del "golpeteo político" ya no es suficiente para contener la indignación. El caso de Alhely Medina expone las fallas del sistema, la complicidad que protege a los poderosos y la vulnerabilidad de las víctimas. Un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar la justicia para todos, sin importar su posición social o afiliación política. En Hidalgo, como en Zacatecas, la confianza en las autoridades se desmorona, dejando un vacío que solo la verdad y la justicia pueden llenar.