La sombra de la impunidad se cierne sobre Zimapán, Hidalgo, mientras la solicitud de licencia de la diputada local Alhely Medina Hernández por 30 días abre un nuevo capítulo en el turbio caso de abuso sexual contra dos menores. La legisladora de Morena, acusada de complicidad en los crímenes presuntamente perpetrados por su cuñado, Willy “N”, se ausenta del Congreso local dejando tras de sí un reguero de interrogantes y una creciente indignación popular. Su silencio en las últimas tres sesiones plenarias resuena con la misma fuerza que los gritos de justicia de las familias de las víctimas. ¿Es esta licencia una estrategia para evadir la presión pública o un genuino acto de reflexión ante la gravedad de las acusaciones?

Las tías de las menores no titubean al señalar la presunta implicación de Medina Hernández en este terrible suceso, junto a su hermana, Eva “N”, esposa del acusado. Willy “N”, empresario y ex proveedor del gobierno estatal, añade otra capa de complejidad al caso, despertando sospechas sobre posibles redes de poder e influencias que podrían haber entorpecido la justicia hasta el momento. La imagen del bloqueo de transportistas en la capital del estado el pasado 19 de febrero, exigiendo justicia y denunciando la complicidad del gobierno, permanece vívida en la memoria colectiva. ¿Se trata de una instrumentalización política del dolor de las víctimas, como afirma el gobernador Julio Menchaca, o de una desesperada búsqueda de justicia ante la inacción de las autoridades?

Las declaraciones de la diputada, negando cualquier responsabilidad y calificando las acusaciones como un "golpeteo político", chocan frontalmente con la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Si bien renunció a sus responsabilidades como representante popular por las próximas semanas, esta decisión parece más una maniobra para contener la crisis que una muestra de arrepentimiento o un intento de colaborar con la justicia.

La sombra de la duda también se extiende sobre el encargado de despacho de la PGJEH, Francisco Hernández, quien niega instrucciones para no procesar a Willy “N”. Sin embargo, las irregularidades detectadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso penal alimentan las teorías de una posible protección al empresario. La liberación de Willy “N” horas después de su detención en 2022, a pesar de la gravedad de las acusaciones, es una herida abierta para las familias de las víctimas y una mancha en el sistema judicial.

El caso de Zimapán trasciende el ámbito local y se convierte en un reflejo de la lucha contra la impunidad y la corrupción en México. La sociedad exige respuestas, transparencia y, sobre todo, justicia para las dos menores cuyas vidas han sido marcadas por la violencia. ¿Podrá la justicia abrirse camino entre las redes de poder y la opacidad que envuelven este caso? El tiempo y la presión social serán determinantes.