La ciudadanía exige cada vez más transparencia y ética en quienes ocupan cargos públicos, y con razón. En el contexto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el INE ha dado un paso crucial con el Acuerdo INE/CG382/2025. Este acuerdo no es una mera formalidad burocrática, sino una herramienta fundamental para asegurar que quienes aspiren a impartir justicia cumplan con los estándares más altos de integridad.

Imaginen un sistema judicial donde quienes juzgan tienen cuentas pendientes con la ley, o peor aún, han sido condenados por delitos graves. Es impensable, ¿verdad? Precisamente por eso, este acuerdo establece mecanismos para verificar que los candidatos a juzgadores no sean prófugos de la justicia, ni hayan sido condenados por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, la violencia familiar, o la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se busca garantizar que cumplan con sus obligaciones alimentarias, un aspecto fundamental para la protección de las familias.

La implementación de este acuerdo es doble. Por un lado, se apela a la responsabilidad de las propias personas candidatas. Ellas deben presentar una declaración bajo protesta de decir verdad, afirmando que no se encuentran en ninguno de los supuestos mencionados. Además, deben obtener y presentar el Certificado de no deudor alimentario. Esta autodeclaración, acompañada del certificado, es un primer filtro para asegurar la idoneidad de los aspirantes.

Pero el INE no se queda ahí. Consciente de que la transparencia requiere la participación ciudadana, ha habilitado un mecanismo para que cualquier persona o organización de la sociedad civil pueda denunciar posibles infracciones. A través de un micrositio, se pueden presentar denuncias, acompañadas de pruebas, si se tiene conocimiento de que algún candidato incumple con los requisitos. Esta apertura a la denuncia ciudadana es un elemento clave para fortalecer la confianza en el proceso y asegurar la idoneidad de los futuros juzgadores. Además, se pueden presentar denuncias físicas ante los Consejos locales y distritales.

Es importante destacar que estas verificaciones no terminan con la presentación de las candidaturas. El INE continuará revisando la información y atendiendo las denuncias hasta la etapa de asignación de cargos, justo antes de otorgar las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección. Este seguimiento continuo demuestra el compromiso del INE con la transparencia y la legalidad del proceso.

Aunque algunos puedan considerar este acuerdo como un trámite más, su impacto es significativo, especialmente para las mujeres. Garantizar que quienes imparten justicia no tengan antecedentes de violencia de género es un paso fundamental para construir un sistema judicial más justo e igualitario. Asimismo, la verificación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias protege a las familias y promueve la responsabilidad parental. En definitiva, este acuerdo es una apuesta por la integridad y la honestidad en el Poder Judicial, un pilar fundamental para la democracia y el Estado de derecho. Un Poder Judicial íntegro y responsable es esencial para la confianza ciudadana y el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. El Acuerdo INE/CG382/2025 es un paso firme en esa dirección. Es un recordatorio de que la justicia no solo debe ser imparcial, sino también ejemplar.