La sombra de la violencia se cierne sobre Chiapas, pintando un panorama desolador para las mujeres y, de manera especialmente alarmante, para las niñas y adolescentes. Las cifras, frías y contundentes, reveladas por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), nos golpean con la crudeza de una realidad que no podemos ignorar: 452 carpetas de investigación por delitos contra mujeres en lo que va del año. Un número que grita la urgencia de actuar, de romper el ciclo de la violencia sistemática que las acecha.

Siete feminicidios. Cuatro tentativas de feminicidio. Tres muertes violentas de menores en El Bosque. Un feminicidio infantil en Amatenango de la Frontera. Cada una de estas cifras representa una vida truncada, un futuro robado, una familia destrozada. No son simples estadísticas, son historias de dolor, de injusticia, de una sociedad que ha fallado en su deber de proteger a las más vulnerables.

La voz de Damaris Guaza, representante de Sipaz, resuena con la preocupación que todos deberíamos sentir. La violencia contra la niñez y la adolescencia en los Altos de Chiapas no es un fenómeno aislado, es una tendencia creciente que exige nuestra atención inmediata. Las niñas, niños y adolescentes indígenas, en particular, se enfrentan a una doble vulnerabilidad, atrapados en una red de desigualdad y discriminación que los expone a diversas formas de violencia, desde la física y la estructural hasta la sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha advertido: la infancia, por su propia naturaleza, se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad se agudiza cuando la violencia proviene del entorno más cercano, de la familia, de las personas en quienes deberían confiar. El abuso, en sus múltiples formas, se perpetúa en silencio, oculto tras las paredes del hogar, dejando cicatrices profundas que marcan para siempre la vida de las víctimas. Algunos casos, los más trágicos, culminan en la muerte. Otros, en un calvario de abusos sexuales que les roba la inocencia y les condena a una vida marcada por el trauma.

La labor de Sipaz, documentando estos casos y visibilizando la violencia estructural que los sustenta, es fundamental. Pero no basta con documentar, con denunciar. Necesitamos acciones concretas, políticas públicas que protejan de manera efectiva a la infancia y la adolescencia, que les brinden las herramientas necesarias para salir del círculo de la violencia. Necesitamos un sistema judicial que responda con firmeza, con castigos ejemplares para los agresores, que no permita la impunidad.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. La infancia de Chiapas nos necesita. Las niñas y adolescentes que hoy sufren en silencio nos reclaman un futuro mejor, un futuro libre de violencia. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, escuchar su llamado y actuar con determinación para construir ese futuro. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Es tiempo de actuar, de proteger, de garantizar el derecho de todas las niñas y niños a una vida digna y segura.