La sombra de la censura se cierne sobre México. Desde que la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión vio la luz, una profunda preocupación ha resonado en la sociedad. No se trata simplemente de una actualización técnica, sino de una estrategia velada para controlar la narrativa pública, para silenciar las voces disidentes y concentrar el poder en manos del Ejecutivo. La premura con la que se intentó aprobar esta ley, eludiendo el debate y la participación ciudadana, revela las verdaderas intenciones detrás de este proyecto. ¿Acaso temen la crítica? ¿Temen la verdad que surge de la pluralidad de voces?

La presión social, la voz unánime de expertos, medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales, logró frenar momentáneamente la aprobación exprés de esta ley. Sin embargo, el peligro persiste. El texto, con sus 226 páginas y 283 artículos, sigue latente, esperando la oportunidad para ser impuesto. El discurso oficial intenta minimizar la gravedad de la situación, asegurando que no existe intención de censurar. Pero las acciones hablan más que las palabras. La creación de una Agencia de Transformación Digital, subordinada directamente al Ejecutivo, y la desaparición del IFT, son señales inequívocas de la concentración de poder que se pretende. ¿Cómo podemos creer en la imparcialidad de un organismo controlado por el mismo poder que debería fiscalizar?

El artículo 109, que permite el bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial, es la punta del iceberg. El verdadero problema radica en la lógica subyacente de la ley: desmantelar los contrapesos, silenciar las voces críticas y controlar la información. Se nos pretende regresar a una época oscura donde la única voz que se escuchaba era la del gobierno. Un retroceso inaceptable en un país que aspira a consolidarse como una democracia moderna.

Desde Acción Nacional, proponemos un replanteamiento integral de esta iniciativa. Un diálogo abierto y participativo, con la inclusión de la sociedad civil y expertos en la materia, es fundamental para garantizar la protección de las libertades fundamentales. El foro "Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades", impulsado por la Comisión de Radio y Televisión, es un paso en esa dirección. Creemos firmemente en la construcción colectiva, en la pluralidad de voces y en la importancia de escuchar a la ciudadanía. Solo a través del diálogo y la participación podemos construir una ley que responda a las necesidades reales de la sociedad, que fortalezca los medios públicos, comunitarios e indígenas, y que garantice el derecho fundamental a la libertad de expresión.

La pausa anunciada no es una rectificación, es una estrategia para calmar la presión pública. La historia nos ha enseñado que la convicción al diálogo no es una característica de este gobierno. Por eso, debemos mantenernos vigilantes, porque en cualquier momento, en un descuido, podrían intentar aprobar esta ley que amenaza nuestra libertad.

En Acción Nacional, lo decimos con firmeza: la libertad de expresión no se negocia. No se defiende con promesas vacías, sino con acciones concretas, con voto en contra, con debate abierto y con la firme convicción de que la democracia se construye con diálogo, no con censura. Seguiremos defendiendo la libertad de expresión, porque es el pilar fundamental de una sociedad democrática. Instamos al gobierno a escuchar a los expertos, a respetar los contrapesos y a abandonar la práctica de gobernar por decreto. La democracia exige diálogo, no imposición.