La aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad 2025-2030 en el Senado ha generado un terremoto político, desatando una oleada de reacciones y análisis que van desde la cautelosa esperanza hasta la abierta desconfianza. El respaldo mayoritario, incluyendo votos de la oposición, pinta un escenario inusual en el panorama político actual, donde la polarización suele ser la norma. Sin embargo, la fractura interna en el PAN y la férrea oposición del PRI evidencian las profundas grietas que aún persisten en torno a la seguridad del país.

¿Se trata de un voto de confianza al nuevo enfoque o simplemente una apuesta pragmática ante la urgencia de la situación? El argumento esgrimido por partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano apunta a la incorporación de "elementos nuevos" en la estrategia. Se habla de un mayor énfasis en la tecnología, con la implementación de herramientas de rastreo en tiempo real, sistemas de detección de conductas delictivas y el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos. Este giro tecnológico, que promete modernizar la lucha contra el crimen, ha sido suficiente para convencer a algunos legisladores de la oposición a dar un voto de confianza, a pesar de las reservas que aún persisten.

El fantasma de la militarización, denunciado con vehemencia por el PRI, sigue siendo un punto de fricción. La creciente presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública genera inquietud sobre el delicado equilibrio entre la necesidad de combatir el crimen y el respeto a los derechos humanos. El senador priista Néstor Camarillo ha sido particularmente crítico, acusando al gobierno de "proteger a los delincuentes" bajo el manto de la militarización. Esta postura refleja la profunda desconfianza que persiste en algunos sectores hacia la estrategia de seguridad actual.

La división interna del PAN, con figuras como Marko Cortés y Lilly Téllez votando en contra, ilustra la complejidad del debate. Mientras algunos panistas apuestan por la "corresponsabilidad" y la búsqueda de soluciones conjuntas, otros mantienen una postura más crítica, considerando que la nueva estrategia es "más de lo mismo" y que no logrará resultados tangibles. La frase "no estamos ofreciendo un cheque en blanco" pronunciada por el senador panista Francisco Javier Ramírez Acuña, resume la cautela y la exigencia de resultados que caracteriza la posición de este sector del PAN.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, ha destacado la importancia del "fortalecimiento del mando civil" dentro de la nueva estrategia. Este punto resulta crucial para garantizar el control y la supervisión de las acciones de seguridad por parte de las autoridades civiles, evitando la concentración de poder en las fuerzas armadas. La "evaluación permanente" de la estrategia, prometida por Castañeda, será fundamental para medir su eficacia y realizar los ajustes necesarios.

En definitiva, la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad 2025-2030 marca un nuevo capítulo en la lucha contra la inseguridad en México. La participación de la oposición en este proceso abre una ventana de oportunidad para la construcción de un consenso nacional en materia de seguridad. Sin embargo, las diferencias y las tensiones que persisten demuestran que el camino hacia la paz y la tranquilidad sigue siendo largo y complejo. El tiempo dirá si esta nueva estrategia logra los resultados esperados o si se queda en una simple declaración de intenciones.