La seguridad alimentaria, un concepto que resonó con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, ha experimentado una profunda transformación a lo largo de las décadas. Inicialmente centrada en la mera disponibilidad de alimentos, la preocupación por la autosuficiencia nacional impulsó la producción y el almacenamiento estratégico. Sin embargo, la crisis alimentaria de los años 70 puso de manifiesto la necesidad de considerar también el acceso económico y la distribución equitativa, ampliando así el concepto. Posteriormente, se incorporaron la calidad nutricional y la sostenibilidad, culminando en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 con la consagración del derecho a una alimentación segura, nutritiva y culturalmente adecuada.

Este recorrido histórico no ha estado exento de desafíos. La globalización, con sus complejas cadenas agroindustriales, ha generado nuevas vulnerabilidades, como se evidenció con la pandemia de COVID-19 y la volatilidad de los precios de alimentos y fertilizantes. Estos eventos pusieron en jaque la seguridad alimentaria global, resaltando la importancia de fortalecer la producción local y reducir la dependencia de los mercados internacionales. Además, el reciente proteccionismo comercial, que contradice los principios del libre mercado que impulsaron la globalización, ha generado nuevas incertidumbres y ha llevado a los países a buscar mecanismos para proteger el derecho a la alimentación de sus ciudadanos.

En este contexto, la soberanía alimentaria emerge como un concepto crucial. Impulsado por La Vía Campesina en los años 90 como respuesta al neoliberalismo, este enfoque trasciende la simple disponibilidad y acceso a los alimentos. Reivindica el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local, la agroecología, la sostenibilidad y el control comunitario de los recursos. Se opone, además, al poder de las corporaciones multinacionales, cuyos intereses a menudo chocan con las necesidades de las comunidades locales.

En América Latina, la coyuntura actual exige una profunda reflexión sobre la soberanía alimentaria. La región, con un notable superávit comercial agrícola, se encuentra profundamente inserta en el sistema alimentario global. Brasil, México, Argentina, Perú y Chile, entre otros, son actores clave en la exportación de diversos productos, desde carnes y cereales hasta frutas y verduras. Este dinamismo comercial ha impulsado el crecimiento económico, generado divisas y creado empleos. Sin embargo, también ha generado una dependencia que debe ser analizada a la luz del nuevo orden mundial que se configura.

La soberanía alimentaria, en este sentido, no implica un rechazo al comercio internacional, sino una redefinición de su rol. Se trata de construir las capacidades nacionales necesarias para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, respetando las culturas alimentarias y priorizando la salud humana y del planeta. Esto implica invertir en sistemas de producción sostenibles y resilientes, fortalecer la infraestructura de acopio, transporte y distribución, impulsar la investigación científica y tecnológica, y proteger la biodiversidad. Implica, además, garantizar el bienestar de quienes producen los alimentos, desde los campesinos hasta los jornaleros, reconociendo su labor fundamental.

En la región, existen ejemplos de avances en esta dirección. Chile ha incorporado la soberanía alimentaria en sus estrategias nacionales, promoviendo la agricultura familiar y los circuitos cortos de comercialización. Brasil, con el Programa Fome Zero, logró avances significativos en la lucha contra el hambre, aunque los retrocesos recientes exigen una renovada apuesta por la soberanía alimentaria. México, con los Programas del Bienestar y el reciente Plan para la Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria, busca fortalecer la producción campesina y de pequeña escala, especialmente en el Sur-Sureste del país.

La construcción de la soberanía alimentaria es una tarea fundamental para los Estados nacionales. Implica definir las capacidades específicas que se requieren en cada contexto, establecer las normas y políticas públicas necesarias, y asignar los recursos presupuestales correspondientes. El mercado y el sector privado tienen un rol importante que jugar, pero la rectoría de este proceso corresponde al Estado, en su función de garante del bienestar de sus ciudadanos. La soberanía alimentaria, en definitiva, no es un ideal abstracto, sino una condición esencial para la autonomía y la libertad de los países en el nuevo escenario global. Es la base sobre la cual se construye la capacidad de un país para decidir su propio destino alimentario.