El próximo 1 de junio, México vivirá un momento histórico en su sistema judicial: por primera vez, los ciudadanos tendrán el poder de elegir directamente a los magistrados que conformarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano, nacido de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, representa un cambio significativo en el panorama jurídico del país, un paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. Pero, ¿qué implica realmente este cambio? ¿Estamos preparados para este nuevo desafío democrático?

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial no significa la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, sino una redistribución estratégica de sus funciones. Mientras que un nuevo órgano asumirá las tareas administrativas, el Tribunal se enfocará exclusivamente en la delicada labor de evaluar, vigilar y, en caso necesario, sancionar a los jueces y magistrados del país. Se trata de un mecanismo crucial para asegurar la integridad y la imparcialidad de quienes imparten justicia.

Imaginen la magnitud de la tarea: alrededor de 58,000 servidores judiciales estarán bajo la lupa de este nuevo Tribunal. Cada decisión, cada fallo, cada actuación estará sujeta a escrutinio, con el objetivo primordial de erradicar la corrupción, el favoritismo y cualquier tipo de influencia indebida. El debido proceso, por supuesto, será la piedra angular de cada investigación y sanción, garantizando la justicia no solo para la ciudadanía, sino también para los propios juzgadores.

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la ruptura del vínculo entre la presidencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Anteriormente, el presidente de la Corte también encabezaba el Consejo, lo que generaba una concentración de poder que podía poner en riesgo la independencia del sistema. Con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se establece una clara separación de poderes, fortaleciendo la autonomía de este órgano crucial para el equilibrio democrático.

Los cinco magistrados que integrarán el Tribunal –tres mujeres y dos hombres– serán elegidos por voto popular para un periodo de seis años, aunque en esta primera elección habrá periodos de cinco y ocho años para sincronizar las futuras elecciones. La no reelección es otro factor fundamental: al impedir que los magistrados se perpetúen en sus cargos, se evita la acumulación de poder y se promueve la renovación constante de perspectivas y enfoques dentro del Tribunal.

Sin embargo, este proceso inédito no está exento de desafíos. La ciudadanía, por primera vez, tiene la responsabilidad de elegir a quienes juzgarán a los jueces. ¿Estamos realmente preparados para asumir esta responsabilidad? ¿Contamos con la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas? La politización ciudadana, la educación cívica y el acceso a información clara y accesible son cruciales para el éxito de este nuevo modelo.

La incertidumbre es palpable. ¿Serán los mejores perfiles los que lleguen al Tribunal? ¿Logrará este órgano consolidar su independencia y cumplir con su misión de garantizar la integridad del Poder Judicial? El futuro de la reforma judicial, en gran medida, depende del desempeño de este nuevo Tribunal. Si se eligen perfiles idóneos, con la capacidad técnica y la ética intachable, el camino hacia un sistema judicial más justo y transparente estará abierto. De lo contrario, los riesgos son altos, y las consecuencias podrían ser graves para el Estado de Derecho en México. El 1 de junio, la decisión está en nuestras manos.