La ira colectiva se palpaba en el aire, espesa y caliente como el humo de una hoguera a punto de descontrolarse. En San Juan Tianguismanalco, Puebla, el pasado 26 de abril, la chispa de la sospecha prendió la mecha de la furia. Dos hombres y una mujer, señalados por el dedo acusador de una comunidad harta de los robos de motocicletas, se encontraron de frente con la justicia popular, una justicia ciega de ira y sedienta de venganza.

El rumor, como una serpiente venenosa, se deslizó por las calles de Tianguismanalco, alimentando el miedo y la desconfianza. El robo de motocicletas, un flagelo que azotaba a la comunidad, había dejado una profunda herida en el tejido social. Cada motocicleta robada representaba no solo una pérdida material, sino también la vulneración de la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes. Y en ese clima de tensión, la sospecha se convirtió en certeza, la certeza en acusación, y la acusación en una sentencia dictada por la turba.

La evidencia, o lo que la comunidad consideraba evidencia irrefutable, se encontraba en un predio: automóviles, motocicletas y partes de vehículos desperdigados, como piezas de un rompecabezas macabro que confirmaba las peores sospechas. La indignación creció, se transformó en un rugido colectivo que resonó en las calles, y la multitud, enardecida, se dirigió hacia la vivienda de los acusados.

Sin mediar palabra, sin dar oportunidad a la defensa, la turba irrumpió en el domicilio, sacando a la fuerza a la mujer y a los dos hombres. El miedo se dibujó en sus rostros, la impotencia ante la fuerza bruta de la multitud. Arrastrados por la marea humana, fueron llevados a un despoblado, un escenario propicio para la barbarie. Los golpes llovieron sobre ellos, inmisericordes, como una lluvia de piedras. El linchamiento, un acto de violencia extrema, se cernía sobre sus cabezas como una espada de Damocles.

La noticia corrió como la pólvora, llegando a oídos de las autoridades estatales y municipales. El protocolo para evitar linchamientos se activó de inmediato. Personal de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y policías municipales de Tianguismanalco se movilizaron con urgencia, en una carrera contra el tiempo para evitar una tragedia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La multitud, cegada por la ira, se resistía a entregar a los acusados. Los representantes del gobierno, con una mezcla de firmeza y persuasión, lograron apaciguar los ánimos, abriendo un espacio para el diálogo y la razón.

Finalmente, los acusados fueron rescatados de las garras de la turba y trasladados al Hospital Gonzalo Río Arronte para recibir atención médica. Heridos en el cuerpo y en el alma, enfrentaban ahora un proceso legal que determinaría su culpabilidad o inocencia. El incidente en San Juan Tianguismanalco dejó al descubierto la fragilidad del tejido social, la necesidad de fortalecer las instituciones y la importancia de promover la cultura de la legalidad. La justicia por mano propia, aunque impulsada por la legítima indignación ante la inseguridad, nunca puede ser la respuesta. La violencia solo engendra más violencia, y la verdadera justicia se construye sobre los cimientos del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.