La sombra de la duda se cierne sobre el sistema judicial mexicano. El término "sabadazo", acuñado en el lenguaje popular, se ha convertido en sinónimo de sospecha y desconfianza, representando la liberación, durante los fines de semana, de personas procesadas por delitos, a menudo de alto impacto. Si bien algunos argumentan que estas liberaciones se apegan al marco legal, la opacidad que las rodea y la recurrencia con la que benefician a figuras de renombre en el mundo criminal, alimentan la percepción de que existen mecanismos ocultos, turbios, que operan al amparo de la discreción que brinda el fin de semana.

No se trata de un fenómeno reciente. El caso de Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 y recapturado nueve años después, tras una polémica decisión judicial, permanece como un ejemplo paradigmático de la fragilidad del sistema y de la facilidad con la que, amparados en tecnicismos legales, se pueden evadir las consecuencias de actos criminales. Más recientemente, la liberación de personajes como Vanessa Ballar, alias "La Güera", y Mario Marín, avivan las llamas de la indignación y refuerzan la idea de que la justicia, en ocasiones, parece tener un precio.

El argumento de que el Poder Judicial opera los siete días de la semana, y que por lo tanto, las liberaciones en sábado o domingo son tan válidas como las que ocurren en cualquier otro día, se desmorona ante la evidencia. Las cifras del propio Consejo de la Judicatura Federal revelan una estadística inquietante: un 16% de las liberaciones se concentran en los fines de semana. ¿Simple coincidencia? Difícil de creer cuando se analiza el perfil de los beneficiados.

Más allá del debate legal, la cuestión de fondo es la erosión de la confianza ciudadana. Cada "sabadazo" es una grieta en la credibilidad del sistema judicial, una herida en la percepción de justicia e igualdad ante la ley. La opacidad que envuelve estas liberaciones, la falta de transparencia en los argumentos que las sustentan, y la sensación de que existen privilegios para unos pocos, generan un caldo de cultivo para la desconfianza y la impunidad.

No se trata de cuestionar la independencia del Poder Judicial, sino de exigir mayor transparencia y rendición de cuentas. Es imperativo que las resoluciones judiciales, especialmente aquellas que involucran la liberación de personas acusadas de delitos graves, sean debidamente fundamentadas y públicas, de manera que la ciudadanía pueda acceder a la información y formarse su propio criterio.

Es necesario, además, fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar que la discrecionalidad judicial se convierta en un instrumento de impunidad. La coordinación entre el Poder Judicial, las Fiscalías y las Secretarías de Seguridad Pública es fundamental para cerrar las brechas que permiten la ocurrencia de estos "sabadazos" y para garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial y equitativa, sin importar el día de la semana. Solo así podremos reconstruir la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho. El camino hacia una justicia verdaderamente ciega, requiere de la luz de la transparencia y de la firmeza de la rendición de cuentas.