La propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que impulsa la Presidenta Sheinbaum ha abierto un debate fundamental sobre la delicada balanza entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las audiencias. Más allá de las posturas encontradas, la discusión en el Congreso representa una oportunidad histórica para modernizar nuestro marco legal y adaptarlo a las complejidades del panorama mediático actual.

En el corazón de esta iniciativa se encuentra el derecho ciudadano a la información veraz, un pilar fundamental de cualquier democracia. En un mundo saturado de información, donde las noticias falsas y la manipulación se propagan con la velocidad de un clic, la necesidad de garantizar fuentes confiables y responsables se vuelve crucial. No se trata de censurar, sino de establecer mecanismos que promuevan la responsabilidad y la ética en la difusión de información, protegiendo a la ciudadanía de la desinformación y la propaganda.

La preocupación de la oposición sobre la vigilancia de contenidos en plataformas digitales es un tema legítimo que debe ser abordado con transparencia y rigor. Si bien es cierto que la regulación de internet presenta desafíos únicos, la falta de control absoluto no puede ser la respuesta. El debate debe centrarse en cómo encontrar el equilibrio entre la libertad en la red y la prevención de abusos como la difusión de discursos de odio, la incitación a la violencia y la propagación de noticias falsas con fines maliciosos.

La iniciativa, al prohibir la propaganda de gobiernos extranjeros, salvo excepciones, plantea una cuestión de soberanía nacional. Si bien la cooperación internacional es esencial, la protección de nuestros propios ciudadanos ante campañas de desinformación o manipulación provenientes del exterior es un derecho y una obligación del Estado. El caso de la propaganda estadounidense, mencionada en la iniciativa, sirve como ejemplo de cómo la información puede ser utilizada para influir en la opinión pública e incluso estigmatizar a ciertos grupos de la población. Es imperativo que México, como cualquier nación soberana, cuente con las herramientas legales para protegerse de estas injerencias.

La discusión en el Congreso no debe limitarse a los aspectos técnicos de la ley. Es necesario abrir un diálogo nacional que involucre a todos los actores: medios de comunicación, periodistas, organizaciones civiles, académicos y, por supuesto, a la ciudadanía. Solo a través de un debate amplio y participativo podremos construir un marco legal que fortalezca la democracia, proteja los derechos de las audiencias y garantice la libertad de expresión en un entorno mediático cada vez más complejo. El futuro de nuestra información está en juego.

Más allá de las diferencias políticas, es crucial que el Congreso actúe con responsabilidad y visión de futuro. La aprobación de esta ley no debe ser un trámite legislativo más, sino un hito en la construcción de una sociedad más informada, crítica y participativa. La era digital exige nuevas reglas, y es nuestra responsabilidad como sociedad asegurar que estas reglas promuevan la verdad, la justicia y el bien común.