El PRI respira aliviado. La sombra de una multa millonaria por 35.4 millones de pesos, impuesta por el INE por irregularidades en la facturación de gastos del 2023, se disipa, al menos por ahora. El Instituto Nacional Electoral, en una sesión de su Consejo General, decidió regresar el caso a la Unidad Técnica de Fiscalización para una revisión más profunda, atendiendo a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La decisión, lejos de ser arbitraria, se fundamenta en la necesidad de un análisis minucioso y riguroso, tal como lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Según Taddei, el proyecto original de la Comisión de Fiscalización no cumplía con los requerimientos de la Sala Superior, específicamente en la identificación del vínculo con los 3,473 comprobantes fiscales irregulares. La pregunta clave, y aún sin respuesta definitiva, es si la responsabilidad recae sobre el comité ejecutivo nacional o los comités estatales del PRI. La presidenta del INE insistió en la importancia de privilegiar el principio de legalidad y garantizar un trabajo exhaustivo antes de aplicar cualquier sanción económica.

El consejero Jorge Montaño reforzó esta postura, argumentando que la Unidad Técnica de Fiscalización debe reevaluar la situación con una perspectiva diferente. Montaño destacó la existencia de los comprobantes fiscales en el Sistema de Fiscalización (SIF), lo que exige un análisis a conciencia para evitar un acto arbitrario y prever posibles impugnaciones por parte del partido. La precisión y el apego a la legalidad, según el consejero, son fundamentales para emitir una resolución justa y acorde al derecho.

Desde la trinchera del PRI, Emilio Suárez Licona, representante del partido, asegura que se proporcionaron todos los elementos necesarios para que la Unidad de Fiscalización pudiera identificar a los comités responsables. Referencias contables, pruebas, pólizas y reportes, según Suárez Licona, fueron entregados pero no valorados en su justa dimensión. La defensa del PRI se centra en la afirmación de haber colaborado con la investigación y de haber aportado la información requerida, dejando entrever la posibilidad de un error de procedimiento por parte del INE.

Este nuevo capítulo en la historia de la fiscalización de los partidos políticos abre un interrogante sobre la eficiencia y transparencia de los procesos. ¿Se trata de una falla en la comunicación entre el PRI y el INE? ¿O existe una deficiencia en los mecanismos de revisión del organismo electoral? Mientras tanto, el PRI gana tiempo, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene una nueva tarea en su agenda y la ciudadanía espera una resolución definitiva que esclarezca las irregularidades en el manejo de los recursos del partido. La lupa está puesta sobre el INE y el PRI, y el resultado de esta revisión minuciosa sentará un precedente importante en la fiscalización de los gastos de los partidos políticos en México.