La propuesta de bloqueo temporal de plataformas digitales ha desatado una tormenta de controversia, poniendo en el centro del debate la delicada intersección entre la libertad de expresión, la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales. Analizar esta situación requiere una mirada atenta a los estándares internacionales y las jurisprudencias que, como faros en la niebla, iluminan el camino hacia una solución equilibrada. No podemos simplemente dejarnos llevar por la marea de opiniones sin un anclaje en los principios que sustentan nuestras democracias.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trazan una línea roja en la arena: cualquier restricción a la libertad de expresión, incluyendo el acceso a plataformas digitales, debe superar un riguroso examen de legalidad, necesidad y proporcionalidad. No basta con invocar fantasmas como el "incumplimiento de la ley" o la "seguridad nacional" para justificar medidas tan drásticas. Esas justificaciones abstractas, sin un fundamento sólido y específico, se convierten en pretextos para silenciar voces disidentes y erosionar la libertad que tanto nos ha costado construir.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha alzado la voz, advirtiendo que estas restricciones amplias, propias de regímenes autoritarios, son incompatibles con el ejercicio de los derechos humanos en un Estado que se precia de ser democrático. Imaginemos un mundo donde el acceso a la información esté controlado por el capricho del poder, donde las opiniones divergentes sean silenciadas con la excusa de la seguridad. Ese es el escenario que debemos evitar a toda costa.

México, como signatario del Pacto Internacional, el Pacto de San José y la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, tiene la obligación de respetar estos compromisos internacionales. La propuesta de bloqueo no solo contradice estos instrumentos, sino que también choca frontalmente con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La SCJN ha sido clara: las plataformas digitales no son responsables del contenido generado por sus usuarios, y cualquier limitación a la libertad de expresión en internet requiere una orden judicial basada en criterios claros y específicos. No podemos permitir que el miedo nos lleve a sacrificar los principios que nos definen como sociedad.

El internet, concebido como una red libre y abierta, se convierte en un campo de batalla donde se libra la lucha por la libertad de expresión. Las medidas de control previo de la información son, en esencia, actos de censura que socavan los cimientos de la democracia. El acceso a internet y sus servicios esenciales debe ser compatible con el derecho a la información y la libertad de expresión, pilares fundamentales de una sociedad libre.

Si bien los estándares internacionales admiten restricciones excepcionales en circunstancias extremas, como la desinformación masiva que pone en peligro los procesos electorales o los discursos de odio que incitan a la violencia, estas medidas deben ser selectivas, justificadas por decisiones judiciales independientes y sujetas a mecanismos de revisión y rendición de cuentas. De lo contrario, se convierten en armas de doble filo que pueden ser utilizadas para silenciar cualquier voz que se atreva a cuestionar el poder establecido.

La restricción, por tanto, debe ser la excepción, no la regla. Debe estar sujeta a controles estrictos y justificaciones irrefutables, porque de lo contrario, nos deslizamos por una pendiente peligrosa que nos aleja de los derechos fundamentales y la vitalidad de nuestras democracias. La libertad de expresión es un tesoro que debemos proteger con celo, porque sin ella, el futuro se vislumbra sombrío y silencioso.