La sombra de una nueva controversia migratoria se cierne sobre Estados Unidos. La administración Trump, en medio de un torbellino de declaraciones y cifras, prepara una lista que promete sacudir los cimientos del debate sobre la inmigración. Ciudades y estados, aún sin nombre, serán señalados por la Casa Blanca como obstáculos para la política migratoria del presidente, una política que ya ha deportado, según cifras oficiales, al menos a 139 mil migrantes. Este nuevo capítulo, cargado de tensión, se abre en un momento de especial fragilidad para el sistema migratorio estadounidense, sometido a presiones internas y externas, y con el telón de fondo de una creciente polarización social.

La promesa de un nuevo decreto presidencial, “centrado en proteger a la población estadounidense de los migrantes ilegales criminales”, en palabras de Karoline Leavitt, añade leña al fuego. La fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, serán las encargadas de revelar la polémica lista, un acto que previsiblemente generará reacciones en cadena y reavivará el debate sobre la legitimidad y eficacia de las políticas migratorias de la actual administración.

Mientras tanto, desde el flanco más duro de la Casa Blanca, Tom Homan, el llamado "zar de la frontera", defiende con firmeza la gestión del gobierno Trump. Homan, en declaraciones a CNN, asegura que cientos de miles de indocumentados han sido deportados desde el inicio del segundo mandato presidencial. La ausencia de deportaciones fronterizas, según su particular interpretación, es una prueba irrefutable del éxito de las políticas de control migratorio. Una afirmación que, sin duda, será objeto de escrutinio y contraste por parte de organizaciones de derechos humanos y analistas independientes.

En este escenario de alta tensión, Amnistía Internacional alza la voz. La organización advierte sobre los "ataques frontales" de la administración Trump contra la defensa de los derechos humanos, una tendencia preocupante que, según la ONG, se acelera a nivel global. La posible vulneración de derechos fundamentales en el contexto migratorio se convierte en un foco de atención internacional, poniendo en el punto de mira las prácticas y políticas del gobierno estadounidense.

Por si fuera poco, la presión desde el Congreso añade un nuevo elemento de complejidad. Congresistas republicanos proponen otorgar al presidente amplios poderes para cobrar un mínimo de mil dólares a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Una medida que, de aprobarse, supondría una barrera económica insalvable para muchos solicitantes de asilo, agravando su ya precaria situación. El comité judicial de la Cámara de Representantes, dominado por los republicanos, estudia además la posibilidad de aumentar el costo o crear nuevas tarifas para los migrantes. Cifras oficiales revelan que alrededor de 54 mil extranjeros recibieron asilo en Estados Unidos en 2023.

El futuro de la política migratoria estadounidense se presenta, por tanto, incierto y convulso. La lista de ciudades y estados, el nuevo decreto presidencial, las declaraciones de Homan, las advertencias de Amnistía Internacional, y las propuestas de los congresistas republicanos, conforman un complejo rompecabezas que definirá el destino de miles de migrantes que buscan refugio y oportunidades en Estados Unidos.