La tragedia que enluta a la comunidad wixárika de Mezquitic nos obliga a una profunda reflexión sobre las fallas sistémicas que persisten en nuestro sistema de salud, especialmente en las zonas más vulnerables de Jalisco. La muerte de una pequeña de tan solo un año y nueve meses, por falta de acceso a una ambulancia y oxígeno, es una herida abierta que clama por justicia y soluciones inmediatas.

Si bien las autoridades han iniciado una investigación para deslindar responsabilidades, la discrepancia en las versiones oficiales genera aún más incertidumbre y dolor. Mientras el presidente municipal de Mezquitic afirma que se solicitó el traslado aéreo, el Secretario de Salud estatal asegura que el SAMU no recibió ninguna notificación. Esta contradicción pone de manifiesto la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes instancias responsables de la atención médica en la región. ¿Dónde se perdió la solicitud de auxilio? ¿Quién falló en el protocolo de atención a emergencias? Estas son preguntas cruciales que la investigación debe responder con transparencia y rigor.

La situación se agrava al conocer que, a pesar de contar con siete ambulancias 4x4 proporcionadas por el gobierno estatal, cinco se encontraban en el taller y dos habían sufrido percances recientemente. Esto nos lleva a cuestionar la gestión de los recursos destinados a la salud en Mezquitic. ¿Por qué no se garantizó el correcto mantenimiento de las ambulancias? ¿Existía un plan de contingencia para asegurar la disponibilidad de transporte médico en caso de emergencias? La responsabilidad del ayuntamiento en el mantenimiento y abastecimiento de combustible de las ambulancias, estipulado en el comodato, parece haber sido incumplida, lo que exige una revisión exhaustiva y la aplicación de las sanciones correspondientes.

El Secretario de Salud ha señalado la dificultad para completar la plantilla laboral del Hospital de Huejúcar debido a la falta de personal dispuesto a trabajar en la zona, argumentando la distancia y la inseguridad. Esta realidad, lamentablemente, es un reflejo de las condiciones adversas que enfrentan muchas comunidades rurales e indígenas en nuestro país. Es imperativo implementar estrategias que incentiven a los profesionales de la salud a prestar sus servicios en estas zonas marginadas, garantizando su seguridad y bienestar. No podemos permitir que la distancia y la inseguridad se conviertan en sinónimos de abandono y desatención médica.

Más allá de la investigación y el deslinde de responsabilidades, es fundamental que este doloroso suceso sirva como un llamado a la acción. Debemos fortalecer la infraestructura médica en las zonas rurales, garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todas las comunidades, y mejorar la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno. La vida de nuestros niños y niñas no puede depender de la disponibilidad de una ambulancia o de la buena voluntad de un profesional de la salud. Es un derecho fundamental que debemos garantizar con acciones concretas y un compromiso inquebrantable. La memoria de la pequeña wixárika nos exige que no olvidemos esta tragedia y que trabajemos incansablemente para que ninguna otra familia tenga que sufrir una pérdida similar.