La tragedia ha golpeado a una familia de la Ciudad de México, dejando un vacío imposible de llenar. Erik, un niño de tan solo 13 años, falleció en un campamento escolar organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc en el estado de Morelos. Lo que debería haber sido una experiencia enriquecedora se convirtió en una pesadilla, con acusaciones de maltrato físico por parte del personal docente que han conmocionado a la opinión pública.

Érika Torbellin, madre del menor, lucha incansablemente por obtener justicia para su hijo. Su testimonio desgarrador relata cómo la escuela intentó atribuir la muerte de Erik a un golpe de calor. Sin embargo, los resultados de la necropsia revelan una realidad mucho más brutal: vísceras estalladas, indicativas de una violencia que contradice por completo la versión oficial. La señora Torbellin afirma que otros alumnos presenciaron cómo dos profesores golpeaban y arrastraban a Erik hasta causarle la muerte. Su voz, amplificada por las redes sociales y los medios de comunicación, exige una investigación exhaustiva y transparente que no deje lugar a dudas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se ha unido al clamor de justicia, asegurando que se investigarán a fondo las prácticas de la academia. Tras el fallecimiento de Erik, otros menores han alzado la voz, denunciando presuntos abusos que hasta ahora permanecían ocultos. La alcaldesa ha enfatizado la importancia de escuchar a las infancias y de no tolerar la violencia en ningún espacio, especialmente en aquellos destinados a su educación y protección.

La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, por su parte, ha emitido un comunicado lamentando la muerte del menor, pero sin profundizar en las circunstancias que la rodean. La institución se limita a expresar su consternación y a asegurar que se brindará información a medida que avancen las investigaciones. Sin embargo, este comunicado, parco en detalles, no ha hecho más que alimentar las sospechas y la indignación de la opinión pública.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado una visita a la academia para verificar su documentación y las condiciones en las que opera. Un dato alarmante que ha salido a la luz es que la institución no solicitó los permisos correspondientes para realizar el campamento, lo cual agrava aún más la situación y plantea serias dudas sobre su legalidad y responsabilidad.

El caso de Erik ha destapado una problemática preocupante: la posible existencia de abusos y negligencias en instituciones educativas que deberían ser garantes del bienestar de los menores. La lucha de su madre por la verdad y la justicia se ha convertido en un símbolo de la necesidad de proteger a las infancias y de asegurar que ningún otro niño sufra una tragedia similar. La sociedad exige respuestas y espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. El futuro de muchos niños depende de ello.