La contienda por la magistratura del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial se calienta a medida que nos acercamos al 1 de junio. El licenciado Artemio Zúñiga, uno de los contendientes, ha puesto en el centro del debate la importancia de la participación ciudadana en este proceso. No se trata simplemente de una elección más, argumenta Zúñiga, sino de la oportunidad para que el pueblo decida quiénes serán los guardianes de la justicia. En una entrevista concedida a El Heraldo Radio, Zúñiga enfatizó que este poder de decisión ciudadana es la piedra angular sobre la que se construye un sistema judicial legítimo y representativo.

Su visión, forjada a lo largo de una trayectoria que combina la administración pública con la docencia, le ha permitido identificar la necesidad urgente de una reforma estructural en el Poder Judicial. Zúñiga no se limita a diagnosticar el problema, sino que propone soluciones concretas. El nuevo Tribunal de Disciplina, en su visión, se erige como el garante de una justicia de calidad, accesible para todos, sin importar su ubicación geográfica o condición social. Este tribunal, según sus palabras, debe ser el baluarte contra la desigualdad en el acceso a la justicia, asegurando que los mismos parámetros de calidad se apliquen en todo el territorio nacional.

Más allá de la homogeneización de la justicia, Zúñiga visualiza al Tribunal de Disciplina como un vigilante incansable de los derechos de los mexicanos. Un órgano que no solo reaccione ante las injusticias, sino que las anticipe, agilizando los procesos y brindando respuestas oportunas a la ciudadanía.

Sus propuestas se articulan en torno a tres ejes fundamentales: la revolución de la justicia, la justicia digital y la justicia sin corrupción. La reforma judicial, en su opinión, representa una oportunidad histórica para saldar la deuda que el país tiene con la justicia, garantizando que todos los mexicanos tengan acceso a un sistema equitativo y eficiente. La digitalización de la justicia, por su parte, se presenta como una herramienta indispensable para modernizar los procesos y hacerlos más transparentes. Finalmente, la lucha contra la corrupción se erige como el pilar fundamental para construir un sistema judicial confiable y legítimo.

Zúñiga también se ha pronunciado sobre la necesidad de una justicia con perspectiva de género. Consciente de la deuda histórica que el país tiene con las mujeres, propone la creación de juzgados y tribunales especializados en género, que vayan más allá de simples cursos de actualización y aborden las problemáticas cotidianas que enfrentan las mujeres en su acceso a la justicia.

En línea con su visión de una justicia moderna y eficiente, Zúñiga aboga por la reducción del uso de papel en los procesos judiciales, demostrando su compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente. Una justicia efectiva, argumenta, también debe ser responsable con el planeta.

Finalmente, Zúñiga propone la implementación de certificaciones de calidad en los procesos judiciales, asegurando así una mayor transparencia y combatiendo la corrupción. Esta medida, según su visión, permitirá fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y garantizar un acceso a la justicia más contundente para todos. La búsqueda de estas certificaciones en cada órgano judicial representaría un paso significativo hacia una justicia más clara y accesible.