La trama de corrupción en la compra de medicamentos se complica. La Secretaría de la Función Pública, a través de la incansable Raquel Buenrostro Sánchez, ha destapado una olla podrida que salpica a un número cada vez mayor de empresas. En una reciente declaración, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la inhabilitación de Biomics Lab México, S.A. de C.V., una de las piezas clave en este complejo rompecabezas de irregularidades. La noticia, publicada el viernes pasado en el Diario Oficial, confirma las sospechas que venían circulando en torno a esta empresa y su participación en la “transa”, como la ha calificado la propia Buenrostro.

Pero la inhabilitación de Biomics es solo la punta del iceberg. La secretaria dejó entrever que hay otra empresa en la mira de la justicia, con una denuncia penal por falsificación de documentos a punto de presentarse. Si bien se reservó el nombre de la empresa implicada, la tensión es palpable. La expectativa crece ante la inminente revelación que podría sacudir aún más los cimientos de este escándalo.

La magnitud de la trama es asombrosa. Buenrostro Sánchez reveló que son 59 las empresas involucradas en esta red de corrupción, una cifra que deja sin aliento y que evidencia la profunda necesidad de sanear el sistema de adquisiciones. De estas 59 empresas, 16 operaban sin el registro sanitario de Cofepris, un requisito fundamental para la comercialización de medicamentos. ¿Cómo es posible que empresas sin la autorización pertinente hayan logrado participar en licitaciones públicas y vender medicamentos a las instituciones de salud? Esta pregunta resuena con fuerza y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.

La falta de registro de Cofepris no es la única irregularidad detectada. Otro grupo de empresas, según explicó la secretaria, incurrió en incumplimientos relacionados con su objeto social. Es decir, empresas que no se dedican al sector farmacéutico se aventuraron a participar en licitaciones de medicamentos, ganándolas en algunos casos, pero sin la capacidad real de abastecer los productos. Esta práctica, además de irregular, pone en riesgo la salud de la población al no garantizar la calidad y la procedencia de los medicamentos.

Ante este panorama desolador, la secretaria Buenrostro Sánchez, bajo la atenta mirada de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha comprometido a llegar hasta las últimas consecuencias. La lucha contra la corrupción en el sector salud es una prioridad, y la determinación de las autoridades es inquebrantable. Se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre todos los detalles de esta trama y que los responsables sean llevados ante la justicia.

La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas. El derecho a la salud es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por la avaricia y la corrupción. La depuración del sistema de adquisiciones es una tarea urgente e impostergable para garantizar que los recursos públicos se destinen a su fin último: el bienestar de la población. Seguiremos informando sobre los avances de este caso y las acciones que se tomen para combatir la corrupción en el sector salud.