La tragedia que envuelve a la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc y a la familia de Erick nos deja con un profundo sentimiento de desolación y una serie de interrogantes que claman por respuestas. El video publicado por la academia, lejos de aclarar la situación, parece ahondar en la confusión. Si bien Juan Carlos, el presunto trabajador, asegura haber brindado apoyo económico y moral a la madre del fallecido, sus palabras se perciben como una defensa apresurada, casi un intento de justificación ante la creciente ola de indignación pública. La mención de las conversaciones con Erika Torbellin, la madre de Erick, y la insistencia en el apoyo brindado para los gastos funerarios, se sienten como un intento de desviar la atención del verdadero problema: ¿qué sucedió realmente en ese campamento en Morelos?

La narrativa de la academia contrasta drásticamente con el testimonio desgarrador de una madre que ha perdido a su hijo. Erika Torbellin habla de golpes, de maltrato, de una violencia que habría culminado con el estallamiento de vísceras de su hijo. La imagen es brutal, difícil de digerir, y exige una investigación exhaustiva e imparcial. ¿Cómo es posible que un joven asista a un campamento y regrese sin vida? ¿Dónde estaba la supervisión? ¿Qué medidas de seguridad se implementaron? Las respuestas de la academia, hasta el momento, no parecen suficientes. La negación rotunda de las acusaciones, sin presentar pruebas contundentes que las refuten, genera aún más desconfianza.

La mención de supuestas amenazas por parte de la madre de Erick, sin mostrar evidencia alguna, se percibe como una estrategia para victimizarse y deslegitimar el dolor y la rabia de una madre que exige justicia. Si la academia realmente cuenta con pruebas de estas amenazas, debería presentarlas a las autoridades competentes en lugar de utilizarlas como un escudo mediático.

La suspensión del plantel por no contar con un programa interno de protección civil es un dato alarmante. ¿Cómo es posible que una institución que se encarga de la formación de jóvenes, que promueve la disciplina y el orden, no cuente con las medidas de seguridad básicas para proteger la integridad de sus estudiantes? Este hecho, por sí solo, arroja una sombra de negligencia sobre la academia y plantea serias dudas sobre su capacidad para garantizar el bienestar de quienes le son confiados.

Las ocho denuncias formales presentadas contra la academia, y la posibilidad de que se sumen más, son un indicador del descontento y la desconfianza que rodea a esta institución. Las autoridades, tanto de la SEP como de las Fiscalías de Morelos y la CDMX, tienen la obligación de llevar a cabo una investigación a fondo, escuchar a todas las partes involucradas y llegar al fondo de este lamentable suceso. La justicia para Erick y el esclarecimiento de los hechos son imperativos para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. La sociedad exige transparencia y respuestas. No podemos permitir que la muerte de un joven quede impune. El dolor de una madre no puede ser silenciado.