La sombra de la corrupción se cierne sobre el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. Graves acusaciones señalan a funcionarios de la administración de Román Alberto Cepeda González de estar involucrados en operaciones fraudulentas, particularmente en el ámbito inmobiliario. José Elías Ganem Guerrero, secretario del Ayuntamiento, y Luis Domingo Hoyos Reyes, alias "El Bola", son señalados como los principales responsables de un presunto cártel inmobiliario que opera con la aparente complicidad del gobierno municipal.

El modus operandi, según las denuncias, consiste en la adjudicación de inmuebles con adeudos de impuesto predial. Mediante procedimientos administrativos de ejecución, las propiedades son arrebatadas a sus legítimos dueños y posteriormente escrituradas a favor de empresas vinculadas a Hoyos Reyes, su familia y allegados. El esquema se basa en la notificación de requerimientos de pago de predial con montos exorbitantes e inaccesibles para los propietarios. Se niega cualquier tipo de estímulo o posibilidad de negociación, lo que conduce inevitablemente a la ejecución de los procedimientos administrativos y al despojo de las viviendas. Familias enteras se ven desalojadas y despojadas de su patrimonio, mientras que las propiedades terminan en manos del grupo señalado.

La trama de corrupción no se limita a las familias. Constructoras e inmobiliarias también se han visto afectadas. Según los informes, se han iniciado procedimientos relacionados con proyectos urbanísticos frenados o inconclusos, generando créditos fiscales multimillonarios que terminan por despojar a empresarios locales de sus inversiones. Este entramado de irregularidades ha generado una ola de indignación en la sociedad, que exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Las familias afectadas y los empresarios locales claman por justicia ante lo que consideran una estrategia deliberada para favorecer intereses particulares en detrimento del bienestar de los habitantes de Torreón.

La falta de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades municipales, y mucho menos del gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, agrava la situación y aumenta la desconfianza. Este silencio solo alimenta las sospechas y la incertidumbre. El caso de Torreón pone de manifiesto la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Es fundamental proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles actos de corrupción y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. La sociedad exige respuestas y acciones concretas.

Mientras tanto, en el ámbito de las telecomunicaciones, la designación del nuevo director de Altán ha sido un proceso largo y complejo. Finalmente, Raúl Lucido, un experimentado profesional del sector, asumirá el cargo. Lucido cuenta con una amplia trayectoria en empresas como Ericsson y ZTE Corporation, además de haber presidido la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Su experiencia y conocimiento del sector serán cruciales para el futuro de Altán, especialmente tras la reciente adquisición del 49% de la compañía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este cambio en la estructura accionaria, con el Estado como actor preponderante, trae consigo la salida de figuras como Blanca Treviño y Jonathan Davis del Consejo de Administración.

Por otro lado, la situación de Pemex sigue siendo preocupante. Halliburton, el gigante petrolero, ha reportado su peor trimestre en ventas desde 2022, señalando a México como el principal responsable de la caída de sus ingresos. Jeff Miller, CEO de Halliburton, ha expresado su preocupación por la falta de una recuperación inmediata en el sector petrolero mexicano, incluso después de reunirse personalmente con el director de Pemex. Baker Hughes, otra importante empresa del sector, también ha manifestado su inquietud por la disminución de las actividades de perforación en México. Estos mensajes de las multinacionales, que tradicionalmente han operado en el país, reflejan la falta de confianza en una pronta recuperación del sector energético.

Finalmente, en el ámbito financiero, se está probando Veradat, una nueva plataforma interbancaria mexicana para compartir información de transacciones inusuales y detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Liderado por Arturo Rangel Mandujano, experto en la materia, este sistema promete fortalecer la lucha contra los delitos financieros. Sin embargo, no es la única plataforma en desarrollo. José Luis Stein, del HSBC, también está impulsando la introducción de K2, otra plataforma similar. La competencia entre estas plataformas plantea interrogantes sobre la eficiencia y la coordinación en la lucha contra el lavado de dinero. Además, la desaparición de Compranet y la implementación de Compras MX, impulsada por Raquel Buenrostro, ha generado controversia por la reducción de la información pública disponible sobre las contrataciones del gobierno federal. Esta medida, que supuestamente buscaba mejorar la transparencia, ha sido criticada por limitar el acceso a datos cruciales para el escrutinio público.