En un clima de creciente preocupación por la seguridad en Nayarit, la Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado oficial buscando tranquilizar a la población. Aseguran que, hasta la fecha, no existen registros de homicidios relacionados con el delito de extorsión, comúnmente conocido como "cobro de piso". Sin embargo, esta declaración contrasta con la realidad que viven muchos comerciantes en la entidad, quienes en los últimos meses han visto un aumento en las extorsiones y actos de violencia en su contra. La reciente ejecución de un comerciante en el fraccionamiento Lagos del Country, en Tepic, ha sembrado la incertidumbre y el temor entre el sector.

El comunicado oficial, emitido el 28 de abril, reafirma el compromiso de las autoridades de actuar "de manera inmediata" contra cualquier acto que perturbe la paz pública y la tranquilidad de los nayaritas. Se enfatiza la importancia de denunciar cualquier acto de intimidación o extorsión, prometiendo una respuesta rápida y contundente por parte de las fuerzas del orden. No obstante, la percepción de inseguridad persiste entre los comerciantes, quienes denuncian la falta de resultados concretos en las investigaciones y la aparente impunidad con la que operan los grupos delictivos.

El caso del comerciante asesinado, quien recientemente había inaugurado un negocio de tortas ahogadas, ha conmocionado a la comunidad. La brutalidad del acto, ocurrido a plena luz del día, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del sector comercial ante la creciente ola de violencia. Si bien la Fiscalía asegura estar llevando a cabo las investigaciones pertinentes y que ya cuenta con "información valiosa", la falta de detalles concretos sobre los avances del caso genera desconfianza y alimenta la especulación.

Además del homicidio, se han reportado otros casos de privación de la libertad de comerciantes en la capital del estado, lo que refuerza la percepción de un clima de inseguridad creciente. Muchos comerciantes se sienten abandonados a su suerte, obligados a pagar extorsiones para proteger sus negocios y a sus familias, ante el temor de represalias. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ha generado un ambiente de desconfianza y desesperanza.

La Fiscalía insiste en que se están realizando "diversas diligencias" para esclarecer los hechos. Se menciona la recopilación de información y la apertura de una carpeta de investigación. Sin embargo, la comunidad exige transparencia y resultados tangibles. Se necesita más que comunicados oficiales para restaurar la confianza y la tranquilidad. Se requieren acciones concretas que demuestren el compromiso real de las autoridades con la seguridad de los nayaritas y la protección del sector comercial, uno de los motores económicos del estado. La pregunta que se plantea ahora es: ¿Estarán las autoridades a la altura del desafío? ¿Lograrán frenar la ola de violencia y extorsión que azota a los comerciantes de Nayarit? El tiempo lo dirá.