La tensión se palpa en el aire de Torreón. El eco de las sirenas parece ahogado por el clamor de justicia que emerge desde las filas de la propia Policía Municipal. Setenta valientes, hombres y mujeres uniformados, han decidido romper el silencio y denunciar una realidad que se ocultaba tras el escudo y la placa: abusos sistemáticos, corrupción enquistada y condiciones laborales que rozan la indignidad. No se trata de un simple malestar, sino de un grito desesperado que exige cambios profundos en la estructura misma de la corporación. Las acusaciones son graves: cobros indebidos por el uso de patrullas, cuotas semanales para poder operar, acoso sexual a mujeres policías, jornadas extenuantes de hasta 36 horas, reparaciones de vehículos pagadas de sus propios bolsillos y un hostigamiento constante por parte de los mandos. Un panorama desolador que pone en tela de juicio la integridad y la eficacia de la propia institución encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos.

La mecha que encendió la protesta fue el trágico suceso en el ejido Nuevo Mieleras, donde un desalojo policial terminó con la vida de una persona. Un hecho que ha conmocionado a la sociedad y que ha puesto al alcalde Román Alberto Cepeda en el ojo del huracán, obligado a comparecer ante el Congreso del Estado para dar explicaciones. Pero la problemática va mucho más allá de un caso aislado. Las denuncias de los policías revelan una profunda crisis interna que se venía gestando desde hace tiempo, alimentada por el miedo y la impunidad. Hablan de represalias, de compañeros retenidos contra su voluntad, de celulares confiscados para silenciar las voces disidentes. Un clima de terror que ha impedido que estas denuncias salieran a la luz hasta ahora.

El Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem, intenta minimizar la situación, hablando de una ciudad tranquila y bajo control, de patrullaje activo y coordinación con las fuerzas estatales y federales. Pero sus palabras suenan huecas ante la contundencia de los testimonios y la magnitud de las acusaciones. Se limita a hablar de entrega de equipo y a deslizar la posibilidad de un trasfondo político en la protesta, una estrategia recurrente para deslegitimar las demandas. Mientras tanto, el alcalde Cepeda se enfrenta a una creciente presión política, en medio de un debate sobre el modelo de seguridad y la coordinación entre las diferentes corporaciones.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con sus alarmantes cifras sobre la percepción de inseguridad en Torreón, viene a confirmar lo que los ciudadanos viven en su día a día. La falta de confianza en las instituciones, la sensación de vulnerabilidad y la creciente ola de violencia son el resultado de una crisis profunda que requiere soluciones urgentes y un compromiso real por parte de las autoridades.

Los policías, firmes en su postura, exigen la destitución de los mandos implicados en los actos de corrupción y un diálogo directo con el gobernador Manolo Jiménez. Han perdido la confianza en las autoridades locales y claman por una intervención que garantice una investigación exhaustiva y un cambio radical en la Policía Municipal. Su valentía al alzar la voz, a pesar del riesgo que corren, es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La sociedad torreonense debe respaldar su lucha y exigir justicia. La seguridad de todos está en juego.