Un hito histórico se está escribiendo en México. Miles de comunidades indígenas y afromexicanas están tomando las riendas de su propio desarrollo, decidiendo directamente cómo invertir los recursos destinados a mejorar su calidad de vida. Imagine la escena: bajo el sol, en el corazón de cada comunidad, se reúnen familias enteras para discutir y consensuar las necesidades más apremiantes. Desde la Sierra Tarahumara hasta las costas de Oaxaca, la voz de los pueblos originarios resuena con fuerza, marcando un cambio trascendental en la gestión de los recursos públicos. Este proceso, que se desarrolla a través de las Asambleas Comunitarias del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), no es simplemente una consulta, es un ejercicio de empoderamiento, un reconocimiento a la autonomía y a la sabiduría ancestral de estas comunidades.

Más de 20 mil asambleas se están llevando a cabo a lo largo y ancho del país, un despliegue logístico impresionante que busca llegar a cada rincón donde habitan los pueblos indígenas y afromexicanos. Visualice el trabajo incansable de los funcionarios que recorren kilómetros para facilitar estos encuentros, la dedicación de los traductores que aseguran que cada voz sea escuchada, la emoción de las comunidades al tomar en sus manos el futuro de sus pueblos. Con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, el FAIS se convierte en una herramienta fundamental para la transformación social, un instrumento para cerrar brechas históricas y construir un México más justo e inclusivo.

El proceso es transparente y participativo. Cada asamblea es un espacio de diálogo, donde se analizan las necesidades prioritarias y se define, de manera colectiva, el destino de los recursos. ¿Será agua potable para asegurar el acceso a este recurso vital? ¿O quizás la construcción de un centro de salud que acerque la atención médica a las familias? La decisión es de la comunidad, y es ahí donde radica la importancia de este proceso. Se promueve la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y la participación activa en la construcción de un futuro mejor. No se trata de imposiciones, sino de soluciones consensuadas, adaptadas a las realidades y a las necesidades específicas de cada comunidad.

La figura de los Comités de administración y vigilancia cobra especial relevancia. Elegidos democráticamente por la propia comunidad, estos comités serán los garantes de la correcta aplicación de los recursos. Su labor no solo implica la supervisión de las obras, sino también la rendición de cuentas a la asamblea, fortaleciendo la transparencia y la confianza en el proceso. La utilización de la tarjeta del Banco del Bienestar añade un elemento de modernidad y seguridad, facilitando el manejo de los recursos y evitando intermediarios, lo que garantiza que cada peso llegue directamente a quienes más lo necesitan.

Este ambicioso proyecto no se limita a la construcción de infraestructura. Es una inversión en el capital humano, en el fortalecimiento del tejido social y en la revitalización de las culturas originarias. Es una apuesta por un México donde la diversidad sea un motor de desarrollo y donde la voz de todos los pueblos sea escuchada y respetada. Es, en definitiva, una muestra de que un futuro más justo y equitativo es posible, un futuro construido desde las bases, con la participación activa y el protagonismo de las comunidades indígenas y afromexicanas. Es una historia que apenas comienza a escribirse, y que promete un futuro lleno de esperanza y prosperidad para todos.