La tragedia ha golpeado a la comunidad educativa. El fallecimiento del joven E.L.T.T. durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc ha dejado un profundo vacío y un sinfín de interrogantes. Más allá del dolor inmediato, este lamentable suceso nos obliga a reflexionar sobre la seguridad de nuestros estudiantes y la responsabilidad de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), conmocionadas por la noticia, han expresado sus condolencias a la familia del menor. Pero las palabras de consuelo no son suficientes. Se requieren acciones concretas para esclarecer las circunstancias que rodearon esta pérdida irreparable y, sobre todo, para prevenir que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

En una primera respuesta, la AEFCM ha anunciado una visita de inspección a la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. El objetivo es claro: verificar la documentación de la institución y las condiciones en las que opera. Se revisará si la academia cumple con los requisitos legales y si las instalaciones ofrecen un entorno seguro para los estudiantes. La lupa estará puesta en el acuerdo de incorporación SECR-09220030, expedido en mayo de 2022, para determinar si sigue vigente y si se ha respetado en su totalidad.

Un punto crucial en la investigación es la falta de permisos para el campamento donde ocurrió el fatal accidente. La AEFCM ha confirmado que la academia no solicitó la autorización correspondiente para realizar la actividad. Esta omisión plantea serias dudas sobre la responsabilidad de la institución en la seguridad de sus alumnos. ¿Se actuó con negligencia? ¿Se priorizaron otros intereses por encima del bienestar de los menores? Estas son preguntas que exigen respuestas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha tomado las riendas de la investigación y ha solicitado la colaboración de su homóloga en Morelos, donde ocurrieron los hechos. Se espera que la información recabada por la FGJEM, incluyendo los testimonios de los presentes en el campamento, arroje luz sobre lo sucedido. La reunión programada entre la FGJEM y la familia del estudiante fallecido es un paso importante para garantizar que se escuche su voz y se tomen en cuenta sus inquietudes.

La SEP, a través de la AEFCM, ha reiterado su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades competentes. La transparencia y la exhaustividad en la investigación son fundamentales para que se haga justicia y se tomen las medidas necesarias para evitar futuras tragedias. Este caso nos recuerda la importancia de la vigilancia y el control sobre las actividades extraescolares, especialmente aquellas que implican riesgos físicos para los estudiantes.

La comunidad educativa se encuentra a la espera de los resultados de la investigación. Mientras tanto, el recuerdo de E.L.T.T. nos impulsa a exigir mayor seguridad y responsabilidad en el ámbito educativo. No podemos permitir que la sombra de la tragedia opaque el futuro de nuestros jóvenes.