La renegociación del T-MEC bajo la administración Trump trajo consigo la sombra de inspectores estadounidenses en México, con la misión de aplicar sanciones más severas en caso de incumplimiento. Esta medida, que busca garantizar la libertad y democracia sindical, la transparencia en el manejo de recursos y el cumplimiento en el pago de salarios, va más allá e incluso contempla la extradición de aquellos que utilicen recursos de procedencia ilícita, una clara señal de preocupación ante la percepción de la debilidad del Poder Judicial mexicano.

En el ojo del huracán se encuentran empresas de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias y el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), liderado por Alejandro Martínez Araiza. Este sindicato, afiliado a la CTM de Carlos Aceves del Olmo, está bajo investigación por presuntos fraudes en el manejo de cuotas sindicales, opacidad en la administración de recursos de empresas internacionales y operaciones financieras sospechosas con el dinero de los trabajadores.

La lista de transnacionales que mantienen contratos colectivos con el SNAC y que podrían ser investigadas por el gobierno estadounidense es extensa e incluye gigantes como PepsiCo (Isaías Martínez), Hershey’s (William Pritchett), Mondelez (Oriol Bonaclocha) y MARS (Guilherme Secamilli). Pero no se limita a empresas extranjeras, también alcanza a importantes compañías mexicanas como Alpura (Francois Bouyra), Barcel-Bimbo (Daniel Servitje), Sigma (Rodrigo Fernández), La Moderna (Luis Miguel Monroy) y Monte Xanic (Hans Backhoff).

El tipo de delitos sindicales que persigue la Casa Blanca se asemeja a la carpeta de investigación CI-FDF/T/UI-1S/D/00369/05-2019 de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Este caso, que data de 2016, señala a Alejandro Martínez, líder del SNAC, por usurpación de funciones y un daño patrimonial de 13.6 millones de pesos al sindicato y sus agremiados. La trama se complica con la participación de Mauricio Morales Bermúdez, supuesto agente de The Non-Violence Project Foundation de Yoko Ono, quien prometía retornos de inversión de hasta el 75% y acceso a celebridades y eventos deportivos de talla mundial.

Martínez Araiza realizó tres pagos por un total de 700 mil dólares a cuentas en Estados Unidos entre 2016 y 2017, sin tener facultades para ello. Su nombramiento como secretario general y su toma de nota en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dirigido por Alfredo Domínguez Marrufo, ocurrieron hasta 2019. Esto significa que utilizó fondos sindicales sin la autorización correspondiente. Si bien Martínez reconoce haber recibido premios, viajes y acceso a eventos, la denuncia de hechos podría ser una estrategia para protegerse en caso de que los agremiados del SNAC descubrieran el desfalco.

Mientras tanto, la presión de la industria y algunos senadores logró frenar la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones impulsada por Claudia Sheinbaum. La iniciativa, elaborada por Ernestina Godoy, Jesús Ramírez Cuevas y José Peña Merino, generó controversia por artículos que permitían someter a redes sociales y plataformas digitales, censurar contenidos y otorgar a la Agencia de Transformación Digital (ATDT) facultades para suspender transmisiones. El impacto financiero para los operadores privados, obligados a ceder tiempos y espectro sin costo a empresas estatales como Altán Redes y CFE Telecom, también fue un punto de conflicto. El senador Luis Armando Melgar, representante del sector, jugó un papel clave en la discusión. Se espera un Parlamento Abierto para debatir la ley con expertos y ciudadanos.

Finalmente, la judicialización de una carpeta contra Sergio Arturo Ramírez por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, abre una caja de Pandora para Morena y el Gobierno Federal. Ramírez, conocido por sus fotografías con figuras clave del partido y del gabinete, representa un punto sensible para el régimen. Esta acción podría desencadenar consecuencias imprevisibles y se percibe como una estrategia arriesgada.