La sombra del pasado se cierne sobre el presente político. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acusando al ex presidente Ernesto Zedillo de ser un falso "paladín de la democracia", han abierto una caja de Pandora llena de interrogantes y debates. ¿Es legítimo cuestionar el historial democrático de un ex mandatario a la luz de los acontecimientos ocurridos durante su gestión? ¿Se trata de una estrategia política para desviar la atención o una genuina búsqueda de justicia y transparencia?

El discurso de Sheinbaum Pardo se centra en la contradicción inherente a la figura de Zedillo como defensor de la democracia, considerando los episodios oscuros que marcaron su sexenio. Las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque y de Aguas Blancas, se erigen como fantasmas que recuerdan la represión y la violencia ejercida durante su mandato. Estos eventos, aún frescos en la memoria colectiva, contrastan fuertemente con la imagen de un demócrata que Zedillo pretende proyectar. La pregunta lanzada por Sheinbaum Pardo resuena con fuerza: "¿Nosotros no reprimimos?". Una afirmación que invita a la reflexión sobre el uso de la fuerza pública y la protección de los derechos humanos en un contexto democrático.

El Fobaproa, otro tema candente, se presenta como la cara oculta de la moneda neoliberal. El rescate a las entidades financieras, convirtiendo deudas privadas en públicas, dejó una profunda herida en la economía del país y en la vida de millones de mexicanos. Sheinbaum Pardo denuncia este acto como una forma de autoritarismo, un mecanismo que benefició a unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría. La deuda, que aún seguimos pagando, se convierte en un símbolo de la desigualdad y la injusticia generada por las políticas económicas del pasado.

La privatización de los ferrocarriles, otro punto álgido de la administración Zedillo, es señalada como un ejemplo más de autoritarismo. La falta de consulta pública, la opacidad en el proceso y el posterior beneficio personal que obtuvo el ex mandatario al trabajar para una de las empresas beneficiadas, generan sospechas y alimentan la controversia. ¿Se actuó en beneficio del país o en beneficio propio? La pregunta queda flotando en el aire, demandando una respuesta clara y contundente.

La designación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el sexenio de Zedillo también es objeto de crítica. Sheinbaum Pardo cuestiona la legitimidad de este acto, argumentando que se trató de una imposición unilateral, sin la participación ni el consenso de la sociedad. La independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de una democracia sólida, se ve comprometida por la sombra de la influencia política. La pregunta es inevitable: ¿se garantizó la imparcialidad y la autonomía de la Corte o se buscó consolidar el poder desde el Ejecutivo?

Las declaraciones de Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI, añaden otra capa de complejidad al escenario político. La afirmación de que la transición de poder al PAN fue una decisión influenciada por el gobierno de Estados Unidos, abre un debate sobre la soberanía nacional y la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. ¿Hasta qué punto las decisiones políticas se toman en función de los intereses nacionales y hasta qué punto se ven condicionadas por presiones externas?

En este contexto, la figura de Zedillo como defensor de la democracia se desdibuja, perdiendo credibilidad ante la contundencia de los hechos y las interrogantes que aún persisten. La presidenta Sheinbaum Pardo apela a la memoria colectiva y al juicio crítico del pueblo mexicano, invitando a la reflexión y al análisis profundo de los acontecimientos del pasado. El futuro del país, la consolidación de la democracia y la construcción de un futuro más justo y equitativo, dependen de la capacidad de aprender de las lecciones de la historia y de no repetir los errores del pasado.