La sombra de la duda se cierne una vez más sobre la administración de Enrique Galindo Ceballos en San Luis Potosí. La petición de auditoría al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) por parte de Ciudadanos Observando, en relación a los ingresos por parquímetros, destapa un posible entramado de inconsistencias que exige una profunda investigación. La cifra reportada de 27 millones de pesos en 2024 no solo es inferior a la de 2020, año marcado por severas restricciones de movilidad debido a la pandemia, sino que incluso palidece en comparación con la recaudación de 2015, cuando existían menos parquímetros en funcionamiento. Este dato, por sí solo, levanta serias sospechas y justifica la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía.

La respuesta del Ayuntamiento ante la solicitud de acceso a los recibos oficiales, con un costo exorbitante de 950 mil pesos, no solo es una afrenta al derecho a la información, sino que también alimenta la percepción de un intento deliberado por ocultar información relevante. Se configura como una barrera casi infranqueable para el escrutinio público, y refuerza la imagen de una administración opaca, reacia a rendir cuentas claras a la ciudadanía que la eligió. Esta actitud, lejos de disipar las sospechas, las intensifica, sembrando la desconfianza en la gestión de los recursos públicos.

Este episodio de los parquímetros no es un hecho aislado. Se suma a una serie de señalamientos que han marcado la gestión de Galindo Ceballos, pintando un panorama preocupante de posibles irregularidades. Los contratos de luminarias otorgados sin licitación abierta, los sobrecostos en obras públicas de dudosa calidad, la privatización de la operación de parquímetros bajo condiciones poco transparentes y las denuncias de cobros "voluntarios" a empresarios a cambio de licencias municipales, conforman un patrón que no puede ser ignorado. Juntos, estos incidentes dibujan la silueta de una administración que parece priorizar intereses particulares por encima del bienestar colectivo y la correcta administración del erario público.

La denuncia de Ciudadanos Observando se convierte, entonces, en una pieza más de un complejo rompecabezas que revela la posible existencia de una red de opacidad y mal manejo de recursos. La promesa de rendición de cuentas se desvanece ante la evidencia de un gobierno que, en la práctica, obstruye el acceso a la información, favorece a ciertos grupos y protege a allegados. Esta situación no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también mina la credibilidad de las instituciones.

La revelación del IFSE sobre auditorías y carpetas de investigación "congeladas", que involucran a ex diputados locales acusados de desvíos millonarios –entre ellos figuras cercanas al poder como José Luis Romero Calzada “Tecmol”, Sergio Desfassiux y Óscar Bautista Villegas–, añade otra capa de complejidad al escenario. La impunidad parece ser el común denominador en un contexto donde el robo de identidad, el uso de empresas fantasma y la falsificación de documentos se presentan como posibles herramientas para sustraer recursos públicos.

San Luis Potosí se encuentra en una encrucijada. No solo enfrenta los rezagos habituales en materia de seguridad, servicios y obra pública, sino que también se ve sumido en una profunda crisis de confianza hacia su autoridad municipal. La ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con el bienestar colectivo. La administración de Galindo Ceballos tiene la responsabilidad de responder a estas demandas con acciones concretas y contundentes, que permitan disipar las dudas y restaurar la confianza perdida. El futuro de la capital potosina depende, en gran medida, de la capacidad de sus gobernantes para actuar con honestidad y transparencia.

Y en otro orden de ideas, la tensión política en Michoacán se intensifica. El incidente protagonizado por el senador Raúl Morón en Apatzingán, donde fue agredido física y verbalmente durante una asamblea informativa, deja al descubierto las pugnas internas dentro de Morena. Las acusaciones que señalan a personas cercanas a Carlos Manzo, diputado local y operador del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como responsables de la agresión, evidencian la creciente rivalidad entre diferentes facciones del partido. La figura de Morón, aún influyente dentro de Morena, representa una amenaza para el grupo en el poder, y este incidente podría ser un preludio de la batalla que se avecina rumbo a 2027. El fuego amigo, lejos de extinguirse, arde con mayor intensidad en el escenario político michoacano.