La emisión de los anuncios del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en televisión mexicana ha desatado una necesaria reflexión sobre la soberanía comunicacional y la protección de los derechos humanos en la era digital. La imagen de la titular Kristi Noem, con su mensaje tajante "Los perseguiremos", dirigido a migrantes, no solo resulta ofensiva para México como nación receptora y de tránsito, sino que también criminaliza a personas que, en muchos casos, buscan una vida mejor ante situaciones de extrema vulnerabilidad en sus países de origen. Es innegable el impacto que este tipo de mensajes, amplificados por la televisión en horario estelar y durante eventos deportivos de alta audiencia, puede tener en la percepción social, fomentando la xenofobia y el rechazo hacia la comunidad migrante.

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso fundamental en la defensa de la dignidad de las personas migrantes y la soberanía nacional. Su iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prohibiendo la difusión de propaganda discriminatoria financiada por gobiernos extranjeros, sienta un precedente importante. No se trata de censurar la libre expresión, sino de establecer límites claros a la injerencia externa en el debate público mexicano. La promoción turística o cultural de un país es bienvenida, pero la difusión de mensajes que estigmatizan y criminalizan a grupos vulnerables es inaceptable.

La propuesta de multar a quienes difundan este tipo de propaganda, con sanciones que alcanzan hasta el 5% de sus ingresos anuales, demuestra la seriedad con la que el gobierno mexicano se toma este asunto. Facultar a la Secretaría de Gobernación para ordenar el retiro inmediato de estos anuncios y obligar a las plataformas digitales a bloquearlos, refuerza la capacidad del Estado para proteger su espacio comunicacional. Es crucial que las redes sociales, con su enorme alcance e influencia, asuman también su responsabilidad en la lucha contra la discriminación y la xenofobia.

La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), plantean un cambio de paradigma en la regulación del sector. Si bien es importante garantizar la independencia de los organismos reguladores, también es necesario que el Estado tenga las herramientas necesarias para promover la universalización del acceso a internet y reducir la brecha digital. La conectividad no es un lujo, sino un derecho fundamental en el siglo XXI, y la ATDT tendrá la tarea de asegurar que todos los mexicanos, sin importar su condición social o ubicación geográfica, puedan ejercer este derecho.

Más allá de la controversia legal y técnica, la respuesta de México a los anuncios antiinmigrantes nos invita a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación y la responsabilidad que tenemos como sociedad para combatir la discriminación. La iniciativa de Sheinbaum no solo protege a la comunidad migrante, sino que también fortalece la democracia y la soberanía nacional. Es un mensaje claro para el mundo: en México, los derechos humanos no están en venta. La lucha por una comunicación más justa e inclusiva apenas comienza.