La sombra del crimen organizado se cierne sobre las elecciones judiciales. Un fantasma que, si bien siempre ha estado presente, ahora se materializa con una crudeza inusitada. La reforma al Poder Judicial, nacida –según la opinión pública– de un capricho presidencial, ha abierto una caja de Pandora de la que emergen no solo los apetitos de control del poder político, sino también los tentáculos de la delincuencia.

Si bien la intención original, se especula, era controlar la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, minimizando los riesgos de una reforma desproporcionada, las consecuencias han ido mucho más allá. Se ha tendido un puente de plata para que otros poderes fácticos, con intereses tan diversos como opacos, influyan en la designación de jueces y magistrados.

Los empresarios, con su legítima preocupación por los tribunales administrativos que dirimen sus asuntos económicos, se suman a la danza de influencias. Pero la pregunta clave, la que resuena con mayor inquietud en la conciencia colectiva, es ¿quién controla los tribunales penales? La respuesta, escalofriante, se dibuja sola: el crimen organizado.

Mientras la clase política y la élite económica maniobran para colocar a sus peones en el tablero judicial, la delincuencia organizada teje sus propias estrategias. No buscan simplemente influir, buscan controlar. Y lo hacen con la misma lógica, la misma avidez de poder que caracteriza a cualquier grupo de interés. La diferencia radica en los métodos y en las consecuencias.

La posibilidad de "narcocandidaturas" ha sacudido el panorama electoral. Candidatos con historiales turbios, con vínculos sospechosos, buscan infiltrarse en el sistema judicial. Ante este escenario, el INE ha reaccionado, aunque tardíamente. Con un nuevo procedimiento, intenta blindar el proceso electoral, verificando la idoneidad de los candidatos y descartando a aquellos con cuentas pendientes con la justicia.

Este mecanismo de emergencia, implementado a mitad de la campaña, pone de manifiesto la improvisación y la falta de previsión que han marcado la reforma judicial. Si bien el INE hace un esfuerzo loable por garantizar la limpieza del proceso, la premura con la que se ha actuado genera dudas e incertidumbre. Se están escribiendo las reglas del juego con el partido ya comenzado, una situación que atenta contra la certeza jurídica y la transparencia.

La reforma, nacida de un supuesto berrinche presidencial y alimentada por la ambición de control, ha abierto la puerta a un escenario inquietante. La justicia, pilar fundamental de la democracia, se encuentra en una encrucijada. La lucha por el control del Poder Judicial se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan intereses políticos, económicos y, lo más preocupante, criminales.

El futuro del sistema judicial pende de un hilo. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones democráticas redoblen sus esfuerzos para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso. De lo contrario, el riesgo de que la justicia caiga en manos del crimen organizado será una realidad ineludible, con consecuencias devastadoras para el país. El aprendizaje de esta experiencia debe ser profundo y las correcciones, contundentes. El futuro de México está en juego.