La tragedia ha teñido de luto la lucha por los derechos humanos en Oaxaca. Tras seis largos meses de angustia e incertidumbre, el conteo que Amnistía Internacional (AI) mantenía con la esperanza de encontrar con vida a la activista Sandra Domínguez y a su esposo, Alexander Hernández, ha llegado a su fin el pasado 24 de abril. El hallazgo de sus cuerpos sin vida en fosas clandestinas en Veracruz representa un golpe devastador para sus familias, para las comunidades indígenas a las que dedicó su vida y para todos aquellos que luchan por un México más justo.

La desaparición de Sandra y Alexander, ocurrida el 4 de octubre de 2024 en su hogar en María Lombardo de Caso, municipio de Juan Cotzocón, Oaxaca, encendió las alarmas desde el primer momento. Su vehículo, encontrado en Veracruz, apuntaba a una posible ruta, pero la búsqueda se prolongó durante meses sin resultados. Meses en los que la incertidumbre se convirtió en una pesada losa para sus seres queridos, quienes incansablemente clamaban por su aparición con vida.

La figura de Sandra Domínguez, una mujer Ayuuk de 38 años, destacaba por su férrea defensa de los derechos de las comunidades indígenas en Oaxaca. Hija del exdiputado Teódulo Domínguez, Sandra no solo ejerció como abogada, sino que también dedicó su vida a la activismo, siguiendo los pasos de su padre en la búsqueda de un futuro mejor para su pueblo. Su trayectoria profesional la llevó desde el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca hasta la Secretaría de Desarrollo Social de México, pasando por la Secretaría de Acción Indígena del PRI en Oaxaca y el gobierno estatal en 2022. Una trayectoria marcada por el servicio público y la lucha por la justicia social.

Recordemos que en 2020, Sandra Domínguez denunció valientemente por violencia digital al coordinador de las Brigadas de Paz del gobierno de Oaxaca, Donato Vargas, por administrar un chat donde se compartían imágenes de mujeres mixes desnudas. Un acto de valentía que la expuso a posibles represalias y que hoy, a la luz de los acontecimientos, nos obliga a preguntarnos si este episodio pudo estar relacionado con su trágica desaparición.

La carta enviada por Amnistía Internacional al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, refleja la gravedad de la situación y la necesidad de respuestas. En ella se detallaban las circunstancias de la desaparición y se instaba a las autoridades a redoblar esfuerzos en la búsqueda. Lamentablemente, a pesar de la colaboración entre las autoridades de Oaxaca y Veracruz, el desenlace ha sido el más temido.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Sandra Domínguez y Alexander Hernández no solo representa una pérdida irreparable para sus familias, sino también un duro recordatorio de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en México. Es imperativo que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La impunidad no puede ser una opción. La memoria de Sandra y Alexander, su lucha y su valentía, merecen justicia. Su legado debe inspirarnos a continuar la lucha por un México donde la defensa de los derechos humanos no sea sinónimo de peligro, sino de esperanza y de un futuro mejor. No podemos permitir que sus voces sean silenciadas. Debemos exigir justicia y garantías de no repetición para que ninguna otra familia tenga que vivir esta tragedia.