La sombra de la corrupción y la inseguridad continúa extendiéndose sobre Chimalhuacán, a pesar del cambio de administración. La reelección de Xóchitl Flores Jiménez como alcaldesa prometía un nuevo comienzo, una oportunidad para abordar los problemas que aquejan a este importante municipio mexiquense. Sin embargo, la realidad parece estar lejos de las promesas. La percepción ciudadana de corrupción no solo persiste, sino que se agrava, alcanzando a diversas áreas del gobierno municipal. Se percibe una preocupante falta de acción por parte de la alcaldesa frente a estas denuncias, lo que alimenta la sospecha de una posible complacencia, o incluso, complicidad.

Recordemos el incidente de 2023, donde la alcaldesa y su esposo, Miguel Pérez, fueron denunciados penalmente por Marisela Matus, lideresa de una base de mototaxis. Las acusaciones incluían amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de policías municipales, presuntamente orquestadas por la pareja para controlar la operación de la base. "Ahora sí van a conocer lo que es meterse con Xóchitl y con Benito, no te la vas a acabar, te vamos a desaparecer", fueron las escalofriantes palabras que, según la denuncia, profirieron los uniformados encapuchados mientras golpeaban a Matus y a su acompañante. Este episodio, que evidenció la brutalidad y el abuso de poder, deja una profunda mancha en la imagen de la administración y plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en Chimalhuacán.

El acuerdo previo entre Matus, la alcaldesa y su esposo para compartir la base de mototaxis, que funcionaba sin problemas hasta la llegada de Flores Jiménez a la alcaldía, añade otra capa de complejidad a la situación. La ruptura de este acuerdo tras su toma de posesión sugiere un posible interés personal en el control de la base y sus recursos.

Las denuncias de corrupción no se limitan al incidente con la base de mototaxis. Este año, la Tesorería municipal, dirigida por Janeth Vera Pérez, quien previamente estuvo al frente del IMCUFIDECH, se encuentra en el ojo del huracán. Se habla de convenios impusimos a los contribuyentes para acceder a beneficios en el pago del predial y otras contribuciones, una práctica que de confirmarse, representaría un grave abuso de poder y un acto de corrupción flagrante.

Otro funcionario señalado es Héctor Chavarría Primavera, titular del área de adquisiciones, acusado por proveedores de incurrir en actos de corrupción. Las pruebas que se han recabado, según se afirma, son contundentes y prometen revelar una trama de irregularidades que involucran a altos funcionarios del municipio. La pregunta es: ¿hasta dónde llega la influencia de Miguel Pérez, el llamado "vicepresidente municipal", en estos presuntos actos de corrupción? ¿Será capaz la administración de investigar a fondo estas denuncias o prevalecerá la impunidad?

El descontento en Chimalhuacán es palpable. La nostalgia por la anterior administración, a pesar de sus propias controversias, refleja la profunda decepción de la ciudadanía ante la gestión actual. ¿Será que la esperanza de un cambio real se desvanece ante la persistencia de la corrupción y la inseguridad?

Y la historia no termina aquí. En otro municipio del Valle de México, un personaje con un pasado cuestionable, Roberto Eduardo Olvera Ángeles, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por irregularidades durante su gestión en Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, ha resurgido bajo el amparo de Morena, ocupando la titularidad de Transformación Urbana. Aunque afirma haber sido eximido de los señalamientos, su nombramiento genera suspicacias y plantea la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría Mexiquense. ¿Se trata de una verdadera rehabilitación o de un caso más de impunidad bajo el manto protector del partido en el poder?

La corrupción es un cáncer que corroe las instituciones y mina la confianza de la ciudadanía. Es imperativo que las autoridades actúen con transparencia y firmeza para erradicar este mal que afecta el desarrollo y el bienestar de la sociedad. La sociedad civil debe exigir rendición de cuentas y participar activamente en la construcción de un futuro más justo y transparente. El silencio y la indiferencia son cómplices de la corrupción.