La promesa de un México conectado se tambalea ante una reforma en telecomunicaciones que, lejos de impulsar el acceso universal a internet, amenaza con profundizar la brecha digital que separa a millones de mexicanos de las oportunidades del siglo XXI. La preocupación no es infundada, sino que se sustenta en un análisis profundo de la iniciativa presentada, la cual adolece de una visión técnica y estratégica crucial para un sector tan complejo y dinámico como el de las telecomunicaciones.

La narrativa oficial ha enfatizado la conectividad como una prioridad nacional, un discurso que contrasta dramáticamente con la realidad de una reforma que, según expertos, podría obstaculizar el despliegue de redes y la innovación. La falta de consulta con los actores clave del ecosistema digital –operadores, academia y organizaciones civiles– es un síntoma preocupante de un proceso legislativo que parece ignorar las complejidades del sector.

Más allá de las controversias mediáticas, el análisis técnico revela las potenciales consecuencias de la reforma. La entrega directa de concesiones de espectro al Estado, sin la transparencia y la competencia de un proceso licitatorio, genera interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de este valioso recurso. Asimismo, la imposición de obligaciones de soterramiento de infraestructura sin criterios técnicos ni financiamiento definido podría traducirse en costos excesivos para los operadores, impactando negativamente en las tarifas y la expansión de las redes, especialmente en zonas rurales y marginadas.

La incertidumbre jurídica que se cierne sobre el sector, agravada por posibles violaciones a acuerdos internacionales como el T-MEC, desincentiva la inversión y frena el desarrollo de infraestructuras de nueva generación. En un mundo donde la conectividad es motor de progreso, México corre el riesgo de quedarse rezagado, perpetuando la desigualdad y limitando las oportunidades de millones de ciudadanos.

La reforma, en lugar de fortalecer la autonomía y profesionalización del órgano regulador, abre la puerta a la injerencia política en decisiones que deberían basarse en criterios técnicos. Esta politización del sector no solo pone en riesgo la eficiencia de la regulación, sino que genera desconfianza entre los inversionistas, lo que se traduce en menos inversión y un menor despliegue de infraestructura.

El impacto a largo plazo de estas decisiones podría ser devastador. Precios estancados mientras el resto del mundo disfruta de tarifas más bajas, redes obsoletas que no pueden satisfacer las demandas de un mundo cada vez más digitalizado, y una brecha digital que se amplía sin remedio, condenando a comunidades enteras a la marginación digital.

No se trata de una simple disputa técnica, sino de una cuestión de derechos fundamentales. El acceso a internet es esencial para la educación, la salud, el empleo y la participación ciudadana en el siglo XXI. Legislar en materia de telecomunicaciones exige rigor técnico, transparencia y una visión estratégica a largo plazo. La conectividad no es un lujo, sino un derecho, y el futuro digital de México depende de las decisiones que se tomen hoy. Es imperativo que la voz de los expertos sea escuchada y que la reforma se ajuste a las necesidades reales del país, garantizando un acceso universal, equitativo y de calidad a internet para todos los mexicanos.