La indignación que recorre las venas digitales tras el incidente en Mazatlán nos obliga a una profunda reflexión. El video del trabajador mexicano expulsado de una propiedad, presuntamente por un extranjero, ha desatado una furia comprensible, una reacción visceral ante lo que muchos perciben como una muestra más de la desigualdad y la gentrificación que carcome el tejido social. Es cierto, el tipo de cambio favorece a algunos extranjeros, otorgándoles un poder adquisitivo que a menudo se traduce en desplazamiento y exclusión para los locales. Pero, ¿es la violencia la respuesta?

La "justicia popular", aclamada por algunos en redes sociales, es un camino peligroso. Si bien la congregación frente a la vivienda del extranjero, los gritos, los insultos y el lanzamiento de huevos pueden ser interpretados como un desahogo colectivo, un grito desesperado ante la injusticia percibida, también representan una peligrosa normalización de la violencia. ¿Acaso el fin justifica los medios? ¿Qué mensaje enviamos cuando aplaudimos el vandalismo y la agresión, aunque sea contra alguien que consideramos "merecedor" de nuestro desprecio?

El silencio de las autoridades es, sin duda, un factor determinante en este tipo de estallidos. La falta de una respuesta institucional oportuna y contundente alimenta la frustración y la desconfianza. Si el Ministerio Público hubiese actuado con celeridad, iniciando una investigación de oficio –como lo mandata el artículo 189 del Código Penal de Sinaloa que sanciona la discriminación por nacionalidad, color de piel, sexo u origen– quizás la historia habría sido diferente. Quizás la ciudadanía, al ver a las instituciones funcionando, habría optado por la vía legal, por la confianza en el Estado de Derecho. Pero el vacío de poder, la inacción, deja un espacio fértil para la "justicia por propia mano", una justicia ciega e irracional que fácilmente puede derivar en tragedia.

Imaginemos un escenario donde este tipo de incidentes se multiplican. Imaginemos que la impunidad se convierte en la norma. ¿Qué nos espera? No serán simples huevazos. Serán linchamientos, serán actos de barbarie alimentados por la rabia y la desinformación. La historia, lamentablemente, está llena de ejemplos de cómo la "justicia popular" puede convertirse en una herramienta de opresión y violencia indiscriminada.

Es crucial entender que la defensa de la dignidad no puede justificar la agresión. Si bien es legítimo alzar la voz contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad, debemos hacerlo dentro del marco de la ley. La violencia engendra más violencia, y al final, todos perdemos. No podemos permitir que la frustración nos convierta en aquello que combatimos.

La responsabilidad recae, en gran medida, en el Estado. Es imperativo que las autoridades actúen con diligencia y sensibilidad, que atiendan los pequeños fuegos antes de que se conviertan en incendios devastadores. La prevención del delito no se limita a la represión, sino que implica la creación de un ambiente de justicia, equidad y respeto a los derechos de todos, sin importar su origen, nacionalidad o condición social. Sólo así podremos construir una sociedad verdaderamente justa y pacífica, una sociedad donde la indignación se canalice a través de las vías institucionales y no se transforme en una espiral de violencia.