La desaparición del INAI y el subsecuente proceso de armonización legislativa a nivel estatal han generado un debate crucial sobre el futuro de la transparencia en México. El plazo de 90 días, con fecha límite el 18 de junio, impone un desafío significativo para las entidades federativas, que deben adaptar sus leyes locales a la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este proceso, lejos de ser un mero trámite burocrático, representa una oportunidad única para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la información, pilares fundamentales de una democracia sólida.

La armonización legislativa no se trata simplemente de unificar la terminología legal. Su importancia radica en garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio nacional. Sin una normativa homogénea, lo que en un estado se considera un derecho fundamental, en otro podría interpretarse de manera diferente, generando incertidumbre jurídica y posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos. Imaginemos el escenario: un periodista investigando un caso de corrupción se topa con diferentes criterios de acceso a la información según el estado donde se encuentre la entidad investigada. Esta disparidad no solo dificulta su labor, sino que también pone en riesgo la revelación de información crucial para el interés público.

Uno de los puntos más controversiales de la nueva ley es la sustitución de los organismos garantes autónomos estatales por órganos desconcentrados del nuevo modelo federal "Transparencia para el Pueblo". Si bien se argumenta que estos nuevos órganos contarán con independencia técnica y presupuestal, la preocupación sobre una posible debilitación de los contrapesos locales es legítima. La concentración del poder en un organismo federal podría generar una falta de control y supervisión efectiva, abriendo la puerta a posibles manipulaciones y opacidad. Es fundamental que, durante el proceso de armonización, se establezcan mecanismos claros que garanticen la autonomía e independencia real de estos nuevos órganos.

La nueva legislación también introduce el concepto de gobierno abierto, priorizando la publicación de información útil y con sentido social, así como la implementación de herramientas para la participación ciudadana. Este enfoque, sin duda, representa un avance significativo respecto al modelo anterior, centrado en la publicación de datos por mero cumplimiento legal. Sin embargo, el verdadero reto radica en traducir este principio en acciones concretas que promuevan una participación ciudadana real, efectiva y sostenida. No basta con publicar la información; es necesario que sea accesible, comprensible y que los ciudadanos cuenten con los mecanismos necesarios para utilizarla y hacer valer sus derechos.

La intervención de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, pone de manifiesto la importancia de que las entidades federativas respeten los principios de la Ley General y no sucumban a la tentación de centralizar las funciones de transparencia en las contralorías. Convertir a las contralorías en juez y parte, encargándoles la vigilancia de la transparencia y al mismo tiempo el acceso a la información, compromete la imparcialidad del proceso y genera un conflicto de intereses. La creación de órganos desconcentrados, a similitud del modelo federal, es crucial para garantizar la independencia y la efectividad del sistema de transparencia.

El Consejo Nacional de Acceso a la Información Pública, con su composición diversa, tiene la responsabilidad de retomar los avances logrados por el Sistema Nacional de Transparencia e impulsar su desarrollo. Es fundamental que este Consejo actúe como un verdadero órgano de coordinación y vigilancia, garantizando la homogeneidad en la aplicación de la ley en todo el territorio nacional.

Los municipios y las autoridades estatales son el primer punto de contacto entre la ciudadanía y el gobierno. Por ello, la claridad en los mecanismos de acceso a la información pública es esencial para fortalecer la confianza ciudadana. Una sociedad informada es una sociedad empoderada, capaz de exigir rendición de cuentas y participar activamente en la toma de decisiones. El plazo del 18 de junio no es solo una fecha límite, sino una oportunidad para construir un México más transparente y democrático. El tiempo apremia, y la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad recae en todos nosotros.