La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad. No se trata simplemente de una reestructuración administrativa, sino de una transformación profunda que pone en jaque la independencia de un organismo crucial para la democracia: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Desmantelar este órgano autónomo y sustituirlo por una agencia bajo el control directo del Ejecutivo Federal representa un riesgo inminente para la libertad de expresión y el pluralismo informativo en nuestro país.

Imaginen un escenario donde el gobierno tenga la facultad de controlar qué se dice y qué no en internet, qué transmisiones se permiten y cuáles se bloquean. Esta reforma, con la modificación al artículo 109, abre precisamente esa puerta. Nos coloca a un paso de la censura gubernamental, un retroceso inaceptable en un país que se precia de ser democrático. No podemos permitir que el acceso a la información y la libre expresión de las ideas queden a merced de los intereses políticos del momento.

La preocupación no es infundada. Organismos internacionales como la ONU han expresado su alarma ante esta iniciativa, señalando que contraviene estándares internacionales de libertad de expresión. La comunidad internacional observa con atención este proceso, y la imagen de México como un país respetuoso de los derechos fundamentales está en juego. Además, esta reforma no sólo ignora las recomendaciones internacionales, sino que también viola acuerdos comerciales como el T-MEC, que exige la existencia de órganos reguladores independientes en el sector de las telecomunicaciones. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra credibilidad internacional en aras de un control informativo que sólo beneficia a unos cuantos?

La figura de José Peña Merino, propuesto para dirigir esta nueva agencia, añade otra capa de preocupación. Su historial, marcado por la polémica distribución de ivermectina durante la pandemia, levanta serias dudas sobre su capacidad para liderar un organismo que debe actuar con imparcialidad y apego a la ciencia. ¿Podemos confiar la regulación de las telecomunicaciones a alguien que ha demostrado un desprecio por los protocolos y la evidencia científica?

Esta no es una simple disputa política. Se trata de la defensa de los principios fundamentales que sustentan nuestra democracia. La libertad de expresión, la autonomía de las instituciones y el acceso a la información veraz son pilares irrenunciables. Debemos alzar la voz y exigir que esta reforma se reconsidere. El futuro de la democracia en México está en juego. No podemos permitir que el silencio se imponga. Informémonos, participemos y defendamos nuestros derechos. La historia nos juzgará por nuestra respuesta ante este desafío crucial. El control de la información es el primer paso hacia el control total. No permitamos que la mordaza del silencio apague la voz de la libertad.