La incertidumbre planea sobre la libertad de expresión en el país. Tras el anuncio presidencial de revisar el polémico artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones, que otorgaba amplios poderes de censura a las autoridades, se abre un compás de espera. La promesa de reescribir o incluso anular el artículo, que permitía el bloqueo de plataformas digitales bajo criterios vagos y subjetivos, trajo un respiro momentáneo. Sin embargo, la sombra de la duda persiste.

La reacción de figuras como Noroña, defensor de la cuestionada ley y conocido por sus críticas a los medios de comunicación, siembra inquietud. Su cercanía con regímenes autoritarios como el venezolano, donde la libertad de expresión es un lujo, despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la propuesta legislativa. ¿Se trata de una estrategia para controlar la narrativa y silenciar voces disidentes?

La postura del diputado contrasta con la preocupación generalizada que generó el artículo 109. Expertos en derechos digitales, periodistas y ciudadanos expresaron su alarma ante la posibilidad de que el gobierno tuviera la facultad de bloquear plataformas como redes sociales o incluso buscadores, bajo el pretexto de incumplir leyes o normas ambiguas. ¿Quién define qué es una infracción? ¿Qué garantías existen para evitar abusos de poder?

El hecho de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un órgano dependiente del gobierno federal, fuera la encargada de aplicar la ley, aumentaba los temores de un control excesivo sobre el flujo de información. La falta de un organismo autónomo e independiente para supervisar estas decisiones abría la puerta a la arbitrariedad y la censura.

Si bien el anuncio presidencial de revisar la ley es una buena noticia, la cautela sigue siendo necesaria. La experiencia nos ha enseñado que las promesas políticas no siempre se cumplen. Recordemos el caso del desafuero contra el “Cuau”, donde las expectativas de justicia se vieron frustradas. ¿Podría ocurrir algo similar con el artículo 109?

La figura de Adán Augusto, impulsor de la ley y conocido por su tensa relación con los medios, añade otra capa de complejidad al asunto. Su papel como juez y parte en este proceso genera desconfianza y plantea interrogantes sobre la imparcialidad de la revisión.

Por todo ello, la victoria no está asegurada. La lucha por la libertad de expresión continúa. La ciudadanía debe mantenerse vigilante y exigir garantías para que el debate sobre la ley se realice con transparencia y participación de todos los sectores afectados. No podemos permitir que el fantasma del autoritarismo se instale en nuestro país. La posibilidad de expresarnos libremente en el espacio digital es un derecho fundamental que debemos defender a toda costa. El futuro de nuestra democracia depende de ello.