La búsqueda de la justicia igualitaria en México enfrenta un desafío complejo. Si bien el artículo 4º Constitucional consagra el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, la realidad a menudo se desvía de este ideal. La ciudadanía percibe un trato desigual, largos plazos y una desconexión entre las autoridades judiciales y las necesidades sociales. Esta brecha entre el marco legal y la experiencia vivida genera desconfianza en el sistema y sus representantes.

Un punto crucial que alimenta esta percepción es la confusión sobre las funciones de los diferentes actores del sistema judicial. No siempre se distingue claramente entre las responsabilidades de jueces y magistrados, y las de otras figuras como fiscales o notarios. Esta falta de claridad contribuye a atribuir responsabilidades de manera errónea, exacerbando la frustración pública. Es vital educar a la ciudadanía sobre las competencias específicas de cada actor para fomentar una comprensión más precisa del sistema.

La crítica social se centra en la sensación de que los juzgadores se han alejado de su función social, priorizando los tecnicismos y formalismos por encima de la búsqueda de soluciones justas y equitativas. Esto se traduce en una percepción de que las decisiones judiciales no consideran el impacto real en la vida de las personas, sino que se reducen a un mero trámite burocrático. La consecuencia es una justicia que parece favorecer a ciertos grupos, perpetuando la desigualdad en lugar de combatirla.

La clave para revertir esta situación radica en la formación y la conciencia de los propios juzgadores. Deben ser no solo expertos en derecho, sino también sensibles a las realidades sociales y a las consecuencias de sus decisiones. Cada caso debe ser analizado con un enfoque humano, considerando las circunstancias particulares de las partes involucradas y buscando soluciones que promuevan la justicia social. No se trata de simplemente aplicar la ley de manera mecánica, sino de interpretarla y aplicarla con un profundo sentido de equidad.

La igualdad de oportunidades para defenderse es un pilar fundamental de un sistema judicial justo. Todos, independientemente de su nivel socioeconómico o cualquier otra condición, deben tener acceso a las mismas herramientas y recursos para presentar su caso. Los juzgadores tienen la responsabilidad de garantizar este principio y de velar por que las sentencias no se perciban como producto de privilegios o influencias, sino como el resultado de un proceso imparcial y equitativo.

La actual reforma judicial representa una oportunidad invaluable para transformar la percepción ciudadana y construir un sistema judicial más justo y accesible. Es el momento de acercar la justicia a la gente, de promover la transparencia y la rendición de cuentas, y de fomentar la confianza en las instituciones. La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos, y los juzgadores son piezas clave en la construcción de esta nueva realidad. Su compromiso con la igualdad y la justicia social es esencial para lograr un sistema que verdaderamente sirva a las necesidades de la sociedad. La formación continua, la reflexión ética y la apertura al diálogo con la ciudadanía son herramientas fundamentales para alcanzar este objetivo. Es un camino largo, pero necesario para fortalecer el Estado de Derecho y construir un México más justo e igualitario.