La promesa de Rommel Pacheco de priorizar a los atletas al asumir la dirección de la Conade resuena con un eco hueco ante la falta de concreción. ¿A qué atletas se refiere? ¿A las figuras consagradas, a las promesas juveniles, o a la totalidad del panorama deportivo, incluyendo a quienes no compiten profesionalmente? La reiterada mención del aumento en las becas para medallistas olímpicos y paralímpicos, así como el ajuste en los pagos para quienes se encuentran en etapa de preparación, aunque loables, apenas rozan la superficie de las necesidades reales de los deportistas.

La atención integral a los atletas implica mucho más que un apoyo económico. Exige un compromiso activo para garantizar que eventos como la Olimpiada Nacional (ON), financiada con recursos públicos, se desarrollen con transparencia y justicia. Debe asegurarse que los mejores atletas triunfen, basados en su mérito y esfuerzo, y no por las manipulaciones y la corrupción que, lamentablemente, se han enquistado en algunas federaciones y entre ciertos funcionarios.

El caso del pesista Roberto Carlos Ruiz Garfias, de Tamaulipas, ilustra la desprotección que sufren algunos deportistas. Víctima de años de abusos por parte de un grupo cercano al presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado, Ruiz Garfias ha visto obstaculizada su participación en la ON. A pesar de las denuncias presentadas por su familia, incluso ante la Presidencia de la República, ni Ana Guevara ni Rommel Pacheco han tomado cartas en el asunto. ¿Cómo podemos garantizar la justicia deportiva para Roberto y para los miles de jóvenes que participan en la ON si las autoridades competentes hacen oídos sordos a sus reclamos?

Otro ejemplo paradigmático es el de la badmintonista olímpica Haramara Gaitán, quien lleva nueve meses vinculada a proceso por acusaciones fabricadas por el presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton. Las medidas cautelares impuestas le impiden utilizar instalaciones públicas e incluso salir del estado de Nuevo León, estancando su carrera deportiva. La falta de apoyo por parte de las autoridades deportivas, tanto de Frank González como de Melody Falcó, quienes ignoraron sus denuncias de acoso y hostigamiento, es una muestra más de la desidia institucional. El reciente despido de los responsables, tres años después de la denuncia, llega tarde y no repara el daño infligido a la deportista.

Estos casos evidencian una tendencia preocupante: la reticencia de los funcionarios a enfrentar los problemas reales del deporte. Resulta más sencillo posar para la foto con atletas sonrientes que abordar las problemáticas que afectan sus carreras. La verdadera prioridad debe ser garantizar la integridad y el bienestar de los deportistas, proporcionándoles un entorno justo y transparente donde puedan desarrollar su potencial al máximo. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo las palabras se traducirán en acciones concretas? ¿Cuándo se priorizará el bienestar de los atletas por encima de la imagen pública y la comodidad de los funcionarios? El futuro del deporte mexicano depende de la respuesta a estas interrogantes.