La aparente desconexión entre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la realidad operativa del país nos obliga a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la lucha contra el crimen organizado. El documento, presentado con la solemnidad que amerita el tema, se percibe como un eco de discursos pasados, repleto de buenas intenciones pero carente de la contundencia necesaria para abordar la compleja problemática que nos aqueja. La omisión del tema central, el control territorial ejercido por el crimen organizado, resulta no solo llamativa, sino preocupante. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua, ignorando la magnitud de las llamas que amenazan con consumirlo todo.

El énfasis en la prevención y los programas sociales, si bien importantes, no pueden ser la única respuesta a una amenaza tan tangible y violenta. Se requiere una estrategia integral que ataque las raíces del problema, que desmantele las estructuras financieras y operativas del crimen organizado, que frene el reclutamiento de jóvenes vulnerables y que, sobre todo, erradique la impunidad que permite su proliferación.

La aparente ausencia de las Fuerzas Armadas en la elaboración de la Estrategia genera aún más interrogantes. ¿Se trata de una deliberada exclusión o de una muestra de la creciente tensión entre el poder civil y el militar? La falta de claridad en el rol del Ejército y la Marina, instituciones clave en la seguridad nacional, deja un vacío preocupante. Su experiencia y capacidad operativa son indispensables para enfrentar la amenaza del crimen organizado, y su ausencia en la Estrategia nos hace cuestionar la viabilidad de la misma.

La propuesta de reconstruir la Policía Federal a través del Servicio de Protección Federal se presenta como una jugada estratégica, pero también arriesgada. La creación de una nueva fuerza operativa bajo el control civil podría interpretarse como una respuesta a la creciente influencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Sin embargo, esta iniciativa requiere no solo de modificaciones legales y administrativas, sino también de una coordinación efectiva con las demás instituciones de seguridad, algo que, a la luz de la Estrategia presentada, parece estar lejos de alcanzarse.

La pregunta que surge es inevitable: ¿estamos ante un intento genuino de retomar el control civil de la seguridad pública o se trata de una maniobra política para consolidar el poder de ciertos grupos? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en su forma actual, no ofrece las respuestas que el país necesita. Se requiere un diálogo franco y abierto entre todos los actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil, para construir una estrategia verdaderamente integral y efectiva que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. El futuro de México está en juego, y no podemos permitirnos seguir postergando las decisiones difíciles. La seguridad no puede ser un tema de discursos, sino de acciones concretas y resultados tangibles.