La sombra del desastre ambiental se cierne sobre Nuevo León. El derrame de 400 mil litros de químicos de la planta Churubusco de Ternium México, liderada por César Jiménez, no es solo una mancha rojiza que se extiende por el Arroyo La Talaverna, es una señal de alarma que exige una respuesta contundente. Imaginen el impacto: más de 10 kilómetros, desde Guadalupe hasta Apodaca, pasando por San Nicolás, contaminados con cloruro ferroso y agua ácida, sustancias que al mezclarse con el caudal del arroyo liberan vapores tóxicos. Si bien la empresa ha implementado represas y aplicado lechada de cal, ¿es suficiente? La magnitud del daño nos obliga a cuestionar la eficacia de los protocolos de emergencia y la capacidad de reacción de las autoridades.

La voz experta de Juan Pablo Chávez, presidente de Agua Regia, resuena con preocupación al señalar la falta de protocolos en la Secretaría de Medio Ambiente estatal. No se trata de improvisar, se necesita un plan de acción preciso y eficaz para este tipo de contingencias. La improvisación y la falta de previsión agravan el problema y ponen en riesgo no solo el ecosistema, sino también la salud de las comunidades cercanas. ¿Qué sucederá con la flora y la fauna del arroyo? ¿Qué riesgos a largo plazo enfrentarán los habitantes de la zona?

Este incidente se suma a la crisis de calidad del aire que ahoga al Área Metropolitana de Monterrey, una problemática que ha extendido sus tentáculos hasta la zona conurbada de Saltillo-Ramos Arizpe, a 80 kilómetros de distancia. Respirar se ha convertido en un acto de riesgo. El Centro Mario Molina señala que el 69% de las partículas PM2.5, esas partículas microscópicas que se alojan en nuestros pulmones, provienen de procesos industriales, mientras que el 31% restante es producto del tráfico vehicular, especialmente en horas pico. Las consecuencias son devastadoras: enfermedades cardiovasculares, respiratorias y un aumento en la mortalidad prematura. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1,700 muertes anuales en Monterrey están relacionadas con las PM2.5. ¿Cuántas vidas más se cobrará la contaminación antes de que se tomen medidas realmente efectivas?

La obsolescencia del sistema de monitoreo de la calidad del aire es otra pieza en este complejo rompecabezas. No podemos combatir un enemigo invisible si no contamos con las herramientas adecuadas para detectarlo. Las estaciones de monitoreo registran cifras alarmantes, pero ¿de qué sirve si no se activan protocolos ni políticas públicas que protejan a la población? Las multas impuestas por el gobierno de Samuel García a empresas como Ternium México son un paliativo, no una solución. Se necesita un cambio de paradigma, una política que fomente la colaboración, la capacitación y la prevención, no solo el castigo.

La Secretaría de Medio Ambiente, bajo la dirección de Alfonso Martínez Muñoz, debe abandonar la estrategia punitiva y articular una estrategia integral que involucre al sector industrial en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la protección civil. La clave está en trabajar juntos, gobierno, industria y academia, para construir un futuro sostenible.

Ante este panorama desolador, es crucial lanzar una campaña estatal permanente que informe a la población sobre los efectos de las partículas PM2.5 y la exposición a compuestos tóxicos. La información es poder, y empoderar a la ciudadanía es fundamental para exigir acciones concretas. Castigar sin prevenir no resuelve la crisis ambiental, solo la perpetúa. Necesitamos un cambio de rumbo, un compromiso real con la salud de nuestro planeta y la de todos los que lo habitamos.

Mientras tanto, en el ámbito político, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar continúa su recorrido por el país con la plataforma Construyendo Justicia, con el objetivo de difundir el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial. Su meta es ambiciosa: alcanzar 30 millones de votos. Desde su perspectiva, la transformación del sistema judicial debe abarcar no solo a magistrados y ministros, sino también a fiscalías y ministerios públicos, donde, según su análisis, se concentra gran parte de la corrupción. Seguiremos de cerca sus pasos y las noticias que surjan en torno a esta importante labor.

Finalmente, Clara Luz Flores Carrales, responsable de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de la Secretaría de Gobernación, formó parte de la delegación mexicana que acudió a los actos fúnebres del Papa Francisco en el Vaticano. Junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador mexicano ante la Santa Sede, Alberto Barranco, transmitieron las condolencias del gobierno y del pueblo de México por el fallecimiento del líder de la Iglesia Católica. Su presencia en este evento de alcance mundial reafirma el compromiso de México con el respeto a las instituciones religiosas.