México se encuentra en un momento crucial para la redefinición de su sistema judicial, y la candidatura de Ana María Ibarra a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha inyectado una dosis de esperanza y reflexión en el debate público. Su reciente visita a Chiapas y su conferencia magistral en la Facultad de Derecho del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas no solo han resonado en los pasillos académicos, sino que han tocado las fibras más sensibles de la sociedad mexicana, poniendo sobre la mesa la urgente necesidad de una justicia con equidad. Ibarra no se limitó a pronunciar discursos elegantes y abstractos; se adentró en el corazón del problema, señalando con precisión las desigualdades que laceran el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

Su llamado a construir una justicia que responda a las realidades de la gente, en especial de las personas indígenas, con discapacidad o en situación de pobreza, traspasa el simple discurso político y se convierte en una declaración de principios que interpela a todo el sistema judicial. No se trata, como bien lo ha señalado la candidata, de aplicar la ley de forma mecánica, sino de comprender el contexto, las circunstancias y las barreras que impiden a muchos mexicanos ejercer plenamente sus derechos. Imaginemos, por ejemplo, una mujer indígena que, sin dominio del español, se ve obligada a navegar un laberinto burocrático y legal para defender sus tierras ancestrales. ¿Cómo puede esperarse que obtenga justicia si el sistema no le proporciona las herramientas necesarias para comprender y participar en el proceso? La equidad, como propone Ibarra, exige nivelar el terreno de juego, eliminar las barreras lingüísticas, culturales y económicas, y construir precedentes que garanticen un acceso real a la justicia para todos.

La experiencia de Ibarra caminando junto a comunidades indígenas durante años se convierte en un activo invaluable para su candidatura. No se trata de una aproximación teórica o académica al tema, sino de un conocimiento profundo, forjado en la convivencia y el aprendizaje mutuo. Su compromiso de defender la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas desde la Suprema Corte no son meras palabras, sino la continuación de una trayectoria de lucha y acompañamiento. La defensa de la lengua, la medicina tradicional, la organización comunal y el arraigo a la tierra, elementos fundamentales de la identidad indígena, debe ser una prioridad para el Poder Judicial, y la visión de Ibarra se presenta como un faro de esperanza en este sentido.

El racismo estructural, ese enemigo silencioso que permea las instituciones y socava los cimientos de la justicia, también fue abordado por Ibarra con la contundencia que el tema requiere. La falta de intérpretes en los juicios, la criminalización de la pobreza y la negación de la atención médica por el origen étnico son solo algunas de las manifestaciones de este mal que debe ser erradicado. La promesa de Ibarra de trabajar para desmontar estas barreras desde el derecho se presenta como un compromiso tangible y esperanzador para un futuro donde la justicia sea verdaderamente ciega y accesible para todos los mexicanos, sin importar su origen, condición social o lengua.

La candidatura de Ana María Ibarra representa una oportunidad única para impulsar una transformación profunda en el sistema judicial mexicano. Su visión de una justicia con equidad, su compromiso con los pueblos indígenas y su lucha contra el racismo estructural son elementos esenciales para la construcción de un país más justo y equitativo. El camino hacia una justicia plena es largo y complejo, pero la voz de Ibarra, resonando con fuerza desde Chiapas, nos recuerda que es un camino que debemos recorrer juntos, con determinación y esperanza.