En un mundo cada vez más interconectado, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas se erige como un pilar fundamental para la construcción de sociedades justas e igualitarias. La voz de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, resonó con fuerza en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevando consigo la promesa de un México que se esfuerza por garantizar la plena participación política de sus comunidades indígenas.

Su intervención ante el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), un espacio crucial para el diálogo y la cooperación internacional, puso de manifiesto la compleja realidad que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos político-electorales. La magistrada Soto Fregoso no se limitó a describir los obstáculos, sino que subrayó la importancia de la reparación del daño en casos de violaciones a los derechos fundamentales, un paso esencial para la construcción de una verdadera justicia intercultural.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es un mero documento, sino una guía para la acción, y el TEPJF ha asumido el compromiso de interpretarla y aplicarla con una perspectiva intercultural e interseccional. Esto significa reconocer las particularidades de cada comunidad, las múltiples discriminaciones que pueden sufrir las mujeres indígenas y la necesidad de adaptar las respuestas judiciales a estas realidades.

Desde la imponente sede de la ONU en Nueva York, la magistrada Soto Fregoso envió un mensaje claro a la comunidad internacional: el TEPJF no solo juzga, sino que busca construir un futuro en el que la dignidad y el respeto sean la base de la convivencia entre todos los pueblos. La justicia intercultural no se limita a la aplicación de la ley, sino que implica un profundo entendimiento de las culturas y tradiciones indígenas, un diálogo respetuoso y la búsqueda de soluciones que fortalezcan la autonomía y la autodeterminación de estas comunidades.

La creación de una defensoría especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia política representa un paso significativo en la lucha contra la discriminación. El hecho de que una tercera parte de los casos atendidos por esta defensoría correspondan a mujeres indígenas revela la persistencia de desigualdades históricas que deben ser abordadas con urgencia. Este dato no solo es una llamada de atención, sino también una muestra del compromiso del TEPJF por brindar un acompañamiento efectivo a las mujeres que buscan participar en la vida política del país.

El camino hacia la plena inclusión de los pueblos indígenas en la vida política de México aún es largo, pero la firmeza de la voz de la magistrada Soto Fregoso en la ONU y las acciones emprendidas por el TEPJF nos permiten vislumbrar un futuro en el que la diversidad cultural sea una fuente de riqueza y fortaleza para la nación. La justicia intercultural no es una utopía, sino un objetivo alcanzable que requiere el compromiso de todos los actores sociales. El TEPJF ha dado un paso al frente, y ahora nos corresponde a todos sumarnos a este esfuerzo para construir un México más justo e inclusivo.