La tranquilidad de Santa María Chi, en el municipio de Mérida, Yucatán, se ha visto turbada por la reciente clausura total temporal de la granja porcícola operada por Pecuaria Peninsular. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha tomado esta drástica medida tras constatar que la empresa vertía aguas residuales sin el permiso correspondiente, una falta grave que pone en riesgo el delicado equilibrio ecológico de la región.

La sombra de la contaminación se cierne sobre esta comunidad yucateca. Las aguas residuales, sin el debido tratamiento y control, pueden infiltrarse en el suelo, contaminando los mantos acuíferos de los que depende la población. Imaginen el impacto en la salud de las familias que utilizan esta agua para sus necesidades diarias, desde beber y cocinar hasta la higiene personal. El riesgo es latente, y la Profepa ha actuado con la firmeza que la situación exige.

La Ley de Aguas Nacionales es clara: ninguna empresa puede descargar aguas residuales sin la autorización expresa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este permiso, que garantiza el cumplimiento de las normas ambientales, brilla por su ausencia en el caso de Pecuaria Peninsular. Presentar un permiso a nombre de otra razón social, como ha sucedido en este caso, no es una solución, sino un agravante que demuestra una clara intención de evadir la responsabilidad. Es una burla a la ley y un desprecio por el bienestar de la comunidad.

La clausura, impuesta por la procuradora Mariana Boy Tamborrell, es un mensaje contundente: la impunidad no tiene cabida en materia ambiental. No se trata solo de un castigo, sino de una medida preventiva que busca proteger la salud de los habitantes de Santa María Chi y preservar el patrimonio natural de Yucatán. La Profepa ha demostrado que está vigilante y que actuará con determinación ante cualquier intento de vulnerar la legislación ambiental.

La empresa Pecuaria Peninsular tiene ahora la obligación de regularizar su situación. Debe obtener el permiso de descarga de aguas residuales de la Conagua, implementando las medidas necesarias para tratar sus residuos y minimizar su impacto ambiental. Además, la Profepa continuará supervisando sus operaciones para garantizar que se cumplan las normas y que no se repitan las irregularidades.

Este caso nos recuerda la importancia de la responsabilidad empresarial en la protección del medio ambiente. El desarrollo económico no puede estar reñido con la sostenibilidad. Las empresas deben comprender que su actividad impacta en el entorno y que tienen la obligación de operar de manera responsable, respetando las leyes y protegiendo la salud de las comunidades.

La clausura de la megagranja de cerdos en Santa María Chi es un llamado a la reflexión. Es una oportunidad para que las autoridades, las empresas y la sociedad en su conjunto trabajemos unidos en la construcción de un futuro sostenible, donde el desarrollo económico y la protección del medio ambiente vayan de la mano. El futuro de nuestro planeta, y el de las generaciones venideras, depende de ello. ¿Qué futuro queremos construir? La respuesta está en nuestras manos.