La indignación recorre las costas de Bahía de Banderas. La tranquilidad de San Francisco, un rincón paradisíaco en Nayarit, se vio perturbada por un acto de apropiación indebida que ha encendido las redes sociales y puesto en el ojo del huracán la problemática del acceso a las playas. Un video, viralizado en cuestión de horas, muestra a una mujer extranjera expulsando a visitantes de la playa, argumentando la posesión de una concesión y la futura prohibición del paso una vez concluida la construcción de su residencia. Este acto, no solo prepotente sino también ilegal, desató la furia colectiva y puso en marcha la maquinaria de la justicia.

Las autoridades municipales, respondiendo al clamor popular y a la evidencia irrefutable del video, se personaron en el lugar de los hechos. La sorpresa no fue menor: a pesar de la clausura previa de la obra, los obreros continuaban sus labores, desafiando la autoridad y violando los sellos de clausura. Juan Edel Castro, director de Desarrollo Urbano del municipio, confirmó la detención de los trabajadores por esta falta administrativa, una reincidencia que agravó la situación. "No se debieron haber violado los sellos, ni gente trabajando, ni hacer algún tipo de movimiento", sentenció, dejando claro que la ley se aplica a todos, sin importar nacionalidad ni posición social.

La detención de los siete albañiles, con multas individuales de dos mil quinientos pesos, fue solo el primer paso en un proceso que promete llegar hasta las últimas consecuencias. La empresa constructora, si bien asumió el costo de las multas, no podrá eludir la responsabilidad de sus actos. La reincidencia en la violación de los sellos implica una sanción mucho mayor, que podría ascender a los ciento cincuenta mil pesos y que se dirigirá directamente a la propietaria de la residencia, la responsable última de este atropello a los derechos ciudadanos.

El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso inquebrantable con la defensa del libre acceso a las playas. Su postura, firme y decidida, busca erradicar la errónea creencia de que las playas pueden ser propiedad privada. "Las playas y sus accesos son de todas y de todos", ha declarado con vehemencia, un mensaje que resuena con fuerza en la comunidad y que se ha convertido en la bandera de lucha contra la privatización del litoral.

Este incidente, más allá de un conflicto puntual, pone de manifiesto una problemática recurrente: la lucha por el acceso a los espacios públicos y la defensa del patrimonio natural. La prepotencia de la propietaria extranjera no solo vulnera los derechos de los ciudadanos, sino que también atenta contra el espíritu de comunidad y la esencia misma de un país que se precia de su riqueza natural y su hospitalidad.

La comunidad de San Francisco, y todo México, espera con atención el desenlace de este caso. La justicia, se espera, actuará con contundencia, sentando un precedente que disuada futuras acciones de este tipo y garantice el libre disfrute de las playas para todos los mexicanos. La lucha por la defensa del patrimonio natural y el acceso a los espacios públicos continúa, y cada acto de resistencia, como la denuncia ciudadana que originó este proceso, es un paso hacia un futuro donde el derecho a la playa sea una realidad inalienable.