La batalla por el control de Dolphin Discovery, el gigante de los parques acuáticos con delfines, se intensifica y trasciende las fronteras mexicanas, convirtiéndose en un complejo litigio internacional. A una semana del intento de toma de posesión de las oficinas corporativas en Cancún por parte de la nueva administración, respaldada por los accionistas mayoritarios, y su posterior desalojo por la fuerza pública, la situación se torna cada vez más turbia. La Juez Segunda Concursal, Ruth Haggi Huerta, aceptó el desistimiento presentado por Leisure Investments Management (LIM), desconociendo a Eduardo Albor, la cara visible de la compañía durante décadas. Este movimiento se produce tras un acto jurídico realizado en la Ciudad de México por los tenedores del 99% de Dolphin, incluyendo a John Olson, Cosmo Investments, Mike Wood, Donna Brewer, AVRA Limitless y Stafford Burrowes, revocando la administración de Albor y a sus representantes legales, los despachos Clyde & Co. y Santamarina Steta, quienes habían iniciado el concurso mercantil. La ofensiva legal de los accionistas mayoritarios está encabezada por los prestigiosos bufetes Baker McKenzie y Guerra González Abogados, quienes también solicitaron el desistimiento. Mientras tanto, en Estados Unidos, MS Leisure presentó una solicitud ante el Tribunal de Quiebras del distrito de Delaware para la reorganización de Dolphin bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota. Los socios estadounidenses de Albor lo acusan de irregularidades que han llevado a la compañía a acumular deudas superiores a los 200 millones de dólares con gigantes financieros como Prudential, MetLife y Cigna. Han designado a Steven Strom, socio de Odinbrook Global Advisor, como nuevo administrador, mientras que en México, el Juez Décimo de lo Civil, Rodrigo Cortez, les otorgó medidas cautelares, incluyendo la toma de las oficinas. A pesar del dictamen del visitador del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Gerardo Badín, que confirmaba la viabilidad del concurso mercantil, la jueza Huerta no emitió la sentencia en los tiempos debidos, complicando aún más el panorama. La intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enviando policías estatales para desalojar a los accionistas mayoritarios, añade otra capa de complejidad al caso. Se especula sobre una posible relación entre Lezama y Albor, para quien trabajó en el pasado. LIM y sus abogados han incorporado al penalista José Luis Nassar Daw a su equipo legal, enfrentándose a los abogados de la gobernadora, Guillermo Barradas y Roberto García. El futuro de Dolphin Discovery se presenta incierto. A pesar de que Albor solo posee el 1% de la compañía, su profunda experiencia, red de contactos y relaciones políticas lo convierten en un oponente formidable. En juego está el sustento de más de 1,500 empleados en México y 1,000 en el extranjero, así como el bienestar de cientos de animales, incluyendo delfines, pingüinos, manatíes, lobos marinos, focas, tiburones, flamingos, mantarrayas y reptiles.

En otro orden de noticias, el IMSS canceló 1,400 claves de medicamentos previamente asignadas, dejando a la industria farmacéutica con inventarios sin destino. Esta decisión, notificada a los proveedores en un oficio fechado el 15 de abril, se deriva de una orden de la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval. La cancelación implica la suspensión de la adquisición de más de 4,600 millones de piezas y la revocación de contratos por un valor de 326,240 millones de pesos. Entre las empresas afectadas se encuentran PISA, Alternavida y Novag Infancia, laboratorios con supuestos vínculos con el gobierno. Esta situación genera interrogantes sobre las motivaciones detrás de la decisión y su impacto en el abasto de medicamentos.

La próxima Convención Bancaria, a celebrarse los días 8 y 9 de mayo en Punta Mita, Nayarit, tendrá como tema central los nuevos lineamientos para combatir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, en el contexto de la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos. La Asociación de Bancos de México, presidida por Julio Carranza, ha contratado al bufete White & Case para asesorarse en la materia. Además, la banca está implementando la plataforma Veradat, desarrollada por Arturo Rangel Mandujano, para el intercambio de información sobre operaciones inusuales.

Finalmente, Maclovio Yáñez Villagrán ha emitido un comunicado desmintiendo su vinculación con Andrés Manuel López Beltrán y Amílcar Olán, calificando las afirmaciones como falsas y tendenciosas. Asegura que la información difundida ha dañado su reputación en el sector de los hidrocarburos y exige una rectificación.