La proliferación de baches en nuestras calles se ha convertido en una verdadera plaga urbana, un enemigo silencioso que acecha bajo las ruedas de nuestros vehículos y amenaza la integridad física de ciclistas y motociclistas. Más allá de un simple desperfecto en el pavimento, un bache representa un riesgo latente que puede traducirse en costosas reparaciones mecánicas, lesiones de diversa gravedad e incluso, en situaciones extremas, la pérdida de vidas humanas. La responsabilidad de mantener nuestras vialidades en óptimas condiciones recae en las autoridades, desde las alcaldías y municipios hasta las entidades federativas y la propia Federación. Si bien se han implementado programas como el "Bachetón" en la Ciudad de México, con cifras que reportan la reparación de miles de baches, la realidad es que la cantidad de indemnizaciones pagadas por daños ocasionados por estos desperfectos parece irrisoria en comparación con la magnitud del problema. ¿A qué se debe esta discrepancia? ¿Se trata de un subregistro de los casos, de la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos o de la complejidad de los trámites para reclamar una indemnización?

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, promulgada en 2004, y su equivalente en la Ciudad de México, establecen el derecho de los ciudadanos a recibir una indemnización por daños sufridos a causa de la actividad administrativa irregular de las instituciones públicas. Sin embargo, la burocracia, los plazos y la obligación de presentar pruebas pueden desalentar a muchos afectados a iniciar el proceso de reclamación. Es fundamental simplificar estos procedimientos y promover una cultura de la responsabilidad en la administración pública. La transparencia es clave en este sentido. Las instituciones deben publicar de forma accesible la información sobre el derecho a la indemnización, el estado de las reclamaciones e implementar módulos de atención ciudadana para orientar y resolver dudas.

El caso de la Alcaldía Benito Juárez, en el que se solicitó el expediente de un procedimiento de indemnización por daños causados por baches y solo se entregó un diagrama del proceso, ilustra la opacidad que a menudo rodea estos casos. La resolución del Info CDMX, ordenando la entrega de la versión pública del expediente completo, representa un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

La reparación de baches no debe limitarse a una respuesta reactiva ante las denuncias ciudadanas. Es necesaria una política de prevención, con un mantenimiento adecuado de las vialidades que evite la formación de estos peligrosos obstáculos. Invertir en infraestructura y en un sistema eficiente de detección y reparación de baches, a la larga, resultará mucho más económico que pagar indemnizaciones y asumir los costos sociales de los accidentes viales. Además, es fundamental promover una mayor conciencia ciudadana sobre el derecho a la indemnización y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de la negligencia en el mantenimiento de las vías públicas. La seguridad vial es un derecho de todos y una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.