La inminente apertura del Casino Jubilee en Naucalpan, Estado de México, se encuentra envuelta en una serie de irregularidades que levantan serias sospechas. A pesar de la política pública de no abrir nuevos casinos, el Jubilee, clausurado en 2014 por operar ilegalmente juegos de azar, está a punto de reabrir sus puertas. Este hecho no solo contradice la postura gubernamental, sino que también ignora la demanda interpuesta contra el Estado mexicano en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), caso CIADI-No. ARB(AF)/16/3, derivada precisamente de la clausura anterior. La historia del Jubilee se tiñe aún más de opacidad con el incendio de 2017, presuntamente provocado para eliminar mil máquinas de juego de azar, dejando el lugar abandonado por años. A esto se suman las denuncias de la Unión de Vecinos de la Colonia Santa Cruz Acatlán ante la Dirección General de Juegos y Sorteos, expresando su preocupación por la seguridad de la comunidad. La falta de respuesta a estas quejas vecinales podría desembocar en protestas y cierre del Periférico Norte.

La situación se agrava con la investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Andrea Gacki, contra la concesionaria del casino. Esta investigación se centra en la autorización irregular otorgada por la Dirección General de Juegos y Sorteos para operar un nuevo casino, el Jeyv, en Nuevo León, durante la administración de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación. El permiso fue concedido por Manuel Marcué Díaz, entonces director de Juegos y Sorteos, quien ha sido señalado en diversas investigaciones periodísticas como operador de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. La red de influencias y posibles actos de corrupción que rodean la reapertura del Jubilee plantean interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso.

En otro orden de ideas, tras una década de litigio, el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil de la CDMX absolvió a Grupo México y sus subsidiarias, Minera México y Buenavista del Cobre, en la Acción Colectiva Difusa interpuesta en 2014 por la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa. La demanda alegaba daños ambientales y afectaciones a comunidades en Sonora a raíz del incidente en el Río Sonora. La defensa, liderada por Juan Carlos Bolaños Silva y Mauricio Rodríguez Moreno del despacho BRAQ, demostró el cumplimiento de las empresas con los requerimientos ambientales, evitando una condena millonaria. Este caso, de gran relevancia en México, pone de manifiesto la complejidad y el potencial de la figura de la Acción Colectiva Difusa, a veces utilizada como instrumento de extorsión contra la iniciativa privada.

El empresario futbolístico Alejandro Irarragorri enfrenta una situación complicada tras no presentarse a una audiencia judicial en Torreón, Coahuila, el 24 de marzo. Este desacato lo coloca en la condición de “sustraído a la acción de la justicia”. Irarragorri, dueño del Atlas y el Santos, enfrenta una demanda de la Procuraduría Fiscal, liderada por Grisel Galeano, por una presunta evasión de impuestos sobre la renta que supera los 17 millones de pesos. Su abogado, Adolfo Aguilar Zínser, le asesoró para no presentarse a la audiencia, evitando una posible prisión preventiva justificada.

A pesar de haber dejado la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX hace ocho años, Edgar Elías Azar continúa ejerciendo influencia en procesos judiciales. Se le acusa de manipular a la magistrada Rosalba Guerrero de la Quinta Sala Civil para condenar a una multinacional de alimentos al pago de 40 millones de pesos más daños punitivos. Elías Azar, dueño de la cadena de cafeterías The Coffee Bar, reclama la titularidad de la marca Mokaccino, que registró previamente en el IMPI. Se presume que la magistrada Guerrero confirmará la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Civil, también bajo la influencia de Elías Azar.

La situación de Altos Hornos de México (AHMSA) se complica aún más. La jueza concursal, Ruth Haggi Huerta, bloqueó la venta de tres bodegas en Tlalnepantla, Estado de México, un activo no relacionado con la masa o la unidad de producción. La venta, gestionada por el síndico de la quiebra, Víctor Aguilera, buscaba obtener liquidez para pagar a los trabajadores y contaba con la aprobación de los principales acreedores. La jueza, sin justificación aparente, suspendió la venta, retrasando el proceso y afectando a los acreedores.

Finalmente, Caabsa Eagle, de los hermanos Luis y Mauricio Amodio, perdió la concesión del servicio de recolección de basura en Tonalá, Jalisco, tras 20 años de servicio. Este hecho se suma a la pérdida de la concesión en Guadalajara en diciembre pasado. La empresa arrastra quejas ciudadanas, mala reputación por el trato a sus empleados y proveedores, y una deteriorada relación con las autoridades. Además, enfrenta acusaciones por daños medioambientales en los vertederos de Matatlán y Los Laureles, sumándose a los litigios con el gobierno de la CDMX por la construcción del tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca.